jueves, 18 de noviembre de 2021

La Poesía de los Chinos en Panamá

https://www.redalyc.org/pdf/5350/535055502012.pdf 

https://panaletras.wordpress.com/category/chang-venicia/ 

http://isbn.binal.ac.pa/risbn53/catalogo.php?mode=detalle&nt=21723 

https://www.prensa.com/autor/Venicia%20Chang%20%7C%20/ 

http://iips.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/08/IIPS-Opiniones-Invitadas-No.-05-2020.pdf

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Política internacional y los derechos humanos: los pueblos indígenas como grupo en vulnerabilidad. Caso mexicano. Venicia Chang

Autora: Venicia Chang 

Palabras claves: política internacional, política exterior, derechos humanos, grupos vulnerables, comunidades indígenas. 

Con el objeto de poder cumplir la asignación programada dentro de la materia “La protección de los derechos humanos de los indígenas y de los grupos vulnerables” dentro del programa de estudio del Doctorado en Derechos Humanos, nos vemos encomiados en preparar un ensayo que contenga dentro de su marco teórico, el desarrollo de la transversalidad de los enfoques de género, de derechos humanos e interculturalidad en la protección integral y defensa de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y los grupos en situación de vulnerabilidad. Con los referidos enfoques, los instrumentos internacionales surgidos con el fin de proteger la dignidad y los derechos humanos, así garantizados tanto por el Sistema Universal de protección de los derechos humanos  y a través del Sistema Interamericano de protección y defensa de los mismos; aunado al reacomodo a través de las diversas modificaciones y/o reformas a la Carta Magna y al ordenamiento jurídico interno -que han dado lugar a que se creen los necesarios parámetros de control-  y las tres (3) recomendaciones generales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante CNDH): 27/2016 sobre  el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana; el 35/2019 sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana y el 36/2019 sobre la situación de la población jornalera agrícola en México; se hace propicia la ocasión para identificar con una clara apertura y propósito nuestro enfoque y poder ubicar la especificidad a ensayar.  Proponemos el ensayo con el título “Política internacional y los derechos humanos: los pueblos indígenas como grupo en vulnerabilidad. Caso mexicano” en el cual se presentará y sustentará el tema de manera introductoria, se definirán los conceptos apremiantes, el desarrollo dentro de la política internacional de los derechos humanos y cómo esa relación producida entre el Estado, la sociedad y el derecho, han hecho la lucha para ejecutar las políticas públicas holísticas dentro de los pueblos indígenas en México con la finalidad de poder cumplir la agenda global que se ha establecido y en beneficio de estos grupos en vulnerabilidad.

 

Estudio introductorio: Resulta de importancia abordar los temas inherentes a las Relaciones Internacionales, a la política internacional y a la política exterior del Estado mexicano, ello con la finalidad de poder crear un marco de referencia sobre lo que las mismas son y representan en el estudio o el abordaje de los pueblos originarios o de las comunidades indígenas.

Por otro lado, la historiografía mexicana referente al tema de desarrollo de los derechos humanos tardó en desarrollarse debido al propio sistema político que existía en México caracterizado por la centralización férrea que mantenía y los actos de represión[1] que se dirigían frente a los movimientos de lucha y de reivindicación social. Prueba de ello fue el movimiento estudiantil de 1968, duramente reprimido y que generó más de 300 muertes. La masacre fue cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica (CNDH, Matanza de Tlatelolco, s.f.). Las muertes perpetradas por el poder del Estado, entrañaba también la ejecución del artículo 145 del Código Penal Federal (disolución social) como un arma del régimen autoritario. Por otro lado, durante las dos décadas siguientes, poco o casi nada se trabajó en materia de derechos humanos. No resultaba ser una prioridad para los gobiernos priistas que se sucedieron en el poder. En términos[VC1]  generales referente a la política exterior esgrimida por los gobernantes, la basaban en el principio de no intervención con el objeto de evitar a toda costa la injerencia de organizaciones internacionales en materia de derechos humanos en sus asuntos y lo que era aún peor, que pudiesen opinar sobre la situación paupérrima en materia de la dignidad de las personas y de lo concerniente a los derechos humanos. 

En la década de los noventa (’90) e inicios del nuevo milenio, durante los sexenios de los panistas[2] Vicente Fox[3] y de Felipe Calderón[4], el tema respecto a los derechos humanos va a tomar fuerza y se va a iniciar una política de mayor protección frente a los mismos; aunado a los cambios constitucionales que se irán gestando debido al predominio y los alcances del derecho internacional de los derechos humanos.

 

Desarrollo del tema: Con la transformación del Estado-Nación, los procesos globales[5], los nuevos enfoques de las Relaciones Internacionales (en adelante RI), el surgimiento de la sociedad civil internacional, la crisis del modelo capitalista neoliberal, el carácter plurinacional y pluricultural del Estado-Nación (Fuentes, 2017); han provocado que el Estado se convierta en un ente cambiante. Así sigue siendo el objeto de estudio de las RI, aunado además a esa sociedad internacional, compuesta también de los OIG, las empresas transnacionales globales, las agencias financieras, las ONG’s, guerrillas y del propio individuo; situándose hoy, los pueblos originarios, como actores de las RI. Dicho lo anterior, toca entender que el enfoque ontológico (sobre el ser y la existencia de los derechos humanos) y la epistemología de los derechos humanos, como, no exclusiva del mundo jurídico (Llatas, s.f.), con la aceptación e incorporación de muchas otras áreas y por ende de expertos (Relaciones Internacionales, Sociología, Antropología, Historia, etc.) ha sido importante para el desarrollo y avance de estos mismos de una manera interdisciplinaria y de enfoque multiprofesional, que centra como único parámetro y foco el respeto por la dignidad humana. Con los cambios sufridos en el sistema internacional y la existencia de nuevos actores de las RI[6], la política internacional como parte de las relaciones internacionales, tiene como rol acompañar la agenda internacional de los Estados, fortalecer las acciones multilaterales que se generen, incrementar las relaciones bilaterales, propiciar el intercambio y las sinergias necesarias. De esta manera podemos vincular la política internacional con los derechos humanos y por ende con cada uno de los Estados.  La política exterior[7] en materia de derechos humanos es el conjunto de decisiones, acciones, objetivos, estrategias, medidas y posiciones que adoptan los Estados más allá de sus fronteras[8].

 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)[9] se desarrolló para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional. Contine instrumentos internacionales imprescindibles (tratados en materia de derechos humanos)[10], establece las obligaciones que deben respetar los Estados (pacta sunt servanda[11]) y en su desarrollo se han consolidado el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos (Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos/OEA). Los derechos humanos se sitúan en todo el Sistema de las Naciones Unidas[12] como tema transversal para todas las políticas y los programas que se lleven a cabo dentro de áreas como el desarrollo, la paz y la seguridad, la asistencia humanitaria, asuntos económicos y sociales (Humanos, 2021) y el avance del mismo (y lo que ello implica), está sujeto a los Estados en el ejercicio de su potestad soberana a través del reconocimiento y defensa de los derechos humanos  y de las garantías procesales. En los Estados en donde se han ratificado los diversos tratados e instrumentos en materia de derecho humanos, se ha vuelto imperativo la inclusión, en los ordenamientos jurídicos internos y han sido adicionados a las políticas exteriores de los Estados, es decir, cumpliendo con la política internacional. El desarrollo de la política internacional de los derechos humanos respecto a los cambios de visión y físicos (de la Guerra Fría a la globalización) sufridos en la sociedad internacional (como por ejemplo las consecuencias de las revoluciones de otoño de 1989 como fue la caída del Muro de Berlín, las revoluciones cantadas, la revolución de terciopelo, posteriormente la desintegración de la U.R.S.S., la guerra en los Balcanes, el genocidio en Ruanda y Yemen, etc.), la globalización y la apertura de los mercados/multipolaridad económica, el nuevo orden, produjeron cambios sustantivos al status quo, violaciones gravísimas a los derechos humanos, que significaron la  reconfiguración del derecho internacional de los derechos humanos.

 

En el caso preciso del Estado mexicano, vemos como producto de esos supra citados cambios que se gestaban (unipolaridad, promoción de las democracias, multipolaridad económica mundial (acuerdos comerciales TLC y TLCUEM), nuevo orden mundial, la creación de una corte penal[13] con carácter permanente a nivel universal, la ratificación a nivel regional de la Convención o del Pacto de San José, etc.), como factores externos, van a influir tanto en el ordenamiento jurídico interno y en materia de  política exterior (rediseños de objetivos), y desde finales del siglo XX y los albores del XXI, el tema sobre derechos humanos adquiere gran fuerza. Significaba un gran reto para México, poder alinearse bajo estos estándares internacionales cuando por muchos años (más de 70) el PRI a toda costa evitaba la promoción de los derechos humanos tanto a nivel local (nacional) como internacional y ejercieron el poder para dirigir al Estado y a sus gobernados de manera centralizada y represiva contra movimientos sociales. Señala Rafael Velásquez Flores que evitaba la promoción de los derechos humanos en el ámbito global para impedir que otros actores externos intervinieran en los asuntos del país y que, bajo el argumento del principio de política exterior de no intervención, se imposibilitaba la presencia de organismos promotores de derechos humanos en el territorio nacional (Velásquez, 2017). En este escenario tendríamos que preguntarnos de qué manera México iniciaba la promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Esos cambios (factores externos) que señalamos en párrafo anterior, claro que sí contribuyeron a iniciar las transformaciones, aunado a las presiones que desde afuera se generaban tanto por las organizaciones internacionales globales (caso de la ONU y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), regionales (Organización de Estados Americanos, OEA), organismos internacionales y ONGs en representación de la propia sociedad civil. El movimiento estudiantil de octubre de 1968[14], reprimido y masacrado por las autoridades mexicanas, sentó las bases para que a pesar de querer callar lo que había sucedido (por parte del gobierno), la sociedad mexicana empezara a demandar mayores libertades y mejores condiciones de vida y lo que conllevó los seis puntos que demandaba el referido movimiento que significaban la respuesta a los actos violatorios de derechos humanos y en donde exigían la libertad de todos los presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal (delito de disolución social), la desaparición del cuerpo de granaderos[15], la destitución de los jefes policiacos (Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías), la indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos, y el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.

 

En la década de los setenta y ochenta, México vivirá grave crisis económica, violaciones a los derechos humanos (derecho a la dignidad, a la vida, civiles y políticos, tortura[16], desaparición forzada, etc.). Podemos citar como ejemplo, que, a finales de 1999, se realizó un balance de las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno al Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos, se solicitó y obtuvo la colaboración de diversas Comisiones Estatales de Derechos Humanos.  Se recibieron 532 expedientes de queja sobre desapariciones forzadas de personas durante la década de los 70 y principios de los años 80 (siglo XX), lo que posteriormente permitiría a la CNDH emitir sus recomendaciones (CNDH, Recomendación 026/2001, 2001).

 

Los cambios que se gestaron en el escenario internacional van a generar a partir de los noventa (final de la Guerra Fría, el inicio de la unipolaridad militar y de la multipolaridad económica) que otros temas (urgentes) estén en las agendas de los Estados. La lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, el calentamiento global y el cambio climático, la pobreza, la protección y defensa de los derechos humanos, etc. y a partir de aquí estos temas estarían integrados en los objetivos de la política exterior de México y de otros Estados.

 

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari[17] se creó la figura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)[18], creada el 06 de junio de 1990 (y su última reforma el 25 de junio de 2018)[19] con el objeto de promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos constituyéndose como un Organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Hay quienes señalan que la CNDH fue en respuesta a los constantes abusos de las autoridades y luego del asesinato de la activista Norma Corona, quien había documentado abusos cometidos por la Policía Judicial (Aguilar, 2019). Sería hasta el año 1999 que la CNDH tendría su autonomía y es un Ombudsman colegiado. Resulta interesante resaltar el comentario de varios autores mexicanos cuando han manifestado que una de las causas directas que tuvo Salinas de Gortari para la creación de la CNDH fue la presión que se daba a nivel internacional por el respeto a los derechos humanos y ser bien vistos por los Estados Unidos de América, la Unión Europea para la firma y la ratificación por parte del Senado del Tratado de Libre Comercio (TLCAN)[20] y del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), además de lo que significaba para México haber ingresado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)[21]

 

No obstante, durante la administración de Ernesto Zedillo[22] habrá algunos avances y muchos desaciertos en materia de derechos humanos. La campaña de amenazas y acoso contra los defensores de derechos humanos, la guerra de baja intensidad que se desarrolló en Chiapas y sus repercusiones en otras regiones del país, los homicidios y matanzas en el estado de Guerrero, el amago y los secuestros de periodistas críticos, el acoso militar en las comunidades indígenas, la impunidad que prevaleció en la mayoría de los casos de violación a los derechos humanos y las reformas penales que pusieron en riesgo el régimen de garantías individuales en México (Acosta, 1997). El Centro Prodh reportó que durante el período que abarcaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y los dos primeros años de Ernesto Zedillo[23], el tratamiento dado al reclamo democrático de los movimientos sociales y de los sectores críticos y de oposición al gobierno, estaban fuertemente permeados por la intolerancia y por un extremo autoritarismo. Por otro lado, se situaba el tema de las desaparecidas de Ciudad Juárez[24] y la violación de los derechos humanos en niveles inimaginables. Ni que decir de las matanzas de Acteal[25] (22 de diciembre de 1997, Municipio de Chenalhó, Chiapas), Aguas Blancas[26] (28 de junio de 1995, Guerrero, Sierra del Sur), El Charco[27] (7 de junio de 1998, Municipio de Ayutla). La ineptitud, la corrupción, las complicidades y la falta de voluntad colocaron a México en niveles inimaginable de violaciones a derechos humanos, violencia, falta de justicia e impunidad. Entre los logros alcanzados podemos mencionar las medidas impuestas para evitar fraudes electorales, se aceptaron observadores externos para los torneos electorales, participación de relatores de organizaciones internacionales sobre derechos humanos y reconoció el triunfo del PAN en las elecciones tanto para diputados federales como para las presidenciales. En lo relativo a la economía, a pesar de la depresión de 1995, los altibajos, la tasa de crecimiento del PIB creció al 5.4 % en todo el periodo posterior a la depresión y la del PIB por habitante en 3.9 %. Esta recuperación inmediata de la economía mexicana después de 1995 es posible por la estabilización financiera temporal, el control de la inflación, la recuperación del nivel de ahorro interno, la inversión interna bruta, la reorientación de la inversión extranjera directa (IED) a actividades productivas y el incremento de las exportaciones y las importaciones. Para fines inmediatos la política económica estabilizadora volvió a funcionar dentro de los límites de la propia transición económica (Salinas, 2004). En la gestión de Ernesto Zedillo fueron 222 las autoridades a las que se les hizo llamado por la CNDH (Olivares, 2018).

 

Llegaba a la presidencia Vicente Fox[28] y se ponía fin a siete décadas de dominación priista (partido único) y se iniciaban cambios sustanciales que eran exigidos por la sociedad en asuntos de transparencia[29] y de rendición de cuentas[30] y tratar de poner fin a ese legado de autoritarismo enquistado en la sociedad. Siguiendo esos estándares de la política internacional en su Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se planteó como objetivo prioritario el tema de los derechos humanos. México implementa cambios radicales en su política exterior (política pública) y un ejemplo de ello fue el rechazo al principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados[31]. Rechazaba de plano la política exterior que por décadas habían seguido sus antecesores. Esto ya podríamos establecerlo como un logro de su administración desde la observancia y práctica en materia de los derechos humanos en la región, a la vez que se comprometía en las más elevadas esferas internacionales (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) a colaborar para evaluar y mejorar las prácticas en materia de derechos humanos, compromiso que caló profundamente cuando en foros multilaterales se comprometía a que México no invocaría la soberanía nacional para limitar la observancia internacional de los derechos humanos, ya que reconocían que estos son valores universales y absolutos (Watch, 2006). México fue electo para presidir el recién creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Anaya, Política Exterior de México durante el sexenio de Vicente Fox, s.f.). La presión internacional (a través de la política internacional que condicionó cambios en las políticas públicas y de política exterior) a través de la observancia, abría caminos importantes a demandas locales y nacionales de los mexicanos y mexicanas. Los monitoreos a Ciudad Juárez por diversas organizaciones e instancias[32], ejercían presión sobre las autoridades nacionales para que no se hicieran los desentendidos y que se obligara a las autoridades a actuar. En el 2003, Fox creaba la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y se realizaron gestiones para que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificara los cuerpos de las mujeres asesinadas. Para el 2004, el EAAF elaboró informe sobre las falencias de la investigación para identificar los cuerpos de las mujeres asesinadas. Durante el 2006, el EAAF obtuvo muestras de ADN de 60 cuerpos y de 125 familiares de los cuales había identificado 13 cuerpos (Watch, 2006). Ese mismo año, creaba la Fiscalía Especial para la atención de los delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua. En este sexenio, el 4 de mayo de 2001, se daba la represión de los pobladores de San Salvador Atenco, los cuales se oponían al desalojo de un grupo de floricultores para construir un Walmart. El saldo fue de dos muertos y más de 200 personas detenidas, con casos de torturas y vejaciones. Se les mantuvo incomunicados y las mujeres fueron violadas. El 19 de octubre de 2002 se producía el asesinato de la defensora de derechos humanos: Digna Ochoa, quien antes de producirse su muerte, acusaba al Ejército en una videograbación de lo que a ella y a su familia le ocurriese. Nuevamente en San Salvador Atenco, el 2 de mayo de 2006, siendo Enrique Peña Nieto, gobernador en el Estado de México, ante las reclamaciones de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), pedía la intervención federal (1815 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y 700 de la Policía Federal Preventiva) rompieron el bloqueo con el exceso de violencia. La CNDH señaló que hubo detención arbitraria, trato cruel, violación a la libertad sexual, allanamiento de morada, tortura, violación de los derechos de los menores, violación a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, retención ilegal. Fue el periodo con menos recomendaciones emitidas por la CNDH, con 149 autoridades señaladas (Olivares, 2018).

 

Durante el sexenio de Felipe Calderón[33] la política exterior entre 2006-2012 continuó con la política de apertura y siguió adquiriendo compromisos internacionales vinculantes en temas de derechos humanos, celebrando acuerdos y tratados internacionales. Como un ejemplo de ello, podemos mencionar que entre el 2007 y el 2011 se produjo la firma y posterior ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra la Desaparición Forzada (Anaya, Política Exterior y Derechos Humanos durante el gobierno de Felipe Calderón, s.f.). Además que a través  de acto reformatorio de la constitución, introducía el artículo 89, fracción X, en el cual se introdujeron siete principios tradicionales de las relaciones exteriores: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la cooperación internacional para el desarrollo, la proscripción de amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Encabezó la   lucha a través de una estrategia contra el crimen organizado con el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, lo cual representó la gestión en la que más derechos humanos se han violado, pues la CNDH dirigió recomendaciones a 350 autoridades federales (Olivares, 2018). Durante la administración de Calderón, se produciría el 16 y 21 de mayo de 2007 secuestro y desaparición de 38 trabajadores petroleros en Cadereyta, Nuevo León que luchaban por aumento salarial y se oponían a la privatización de PEMEX. Se unen otros casos similares, como los 16 secuestros desde 2007; nueve en Tamaulipas, dos en Campeche, Veracruz y Tabasco y uno más en Nuevo León. En 2010 secuestraron a 10 petroleros, uno en 2009 y dos en 2008 (Martínez, 2013). A la fecha no se conoce su paradero. Se produciría la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el 10 de junio de 2011, estableció la obligación de todos los servidores públicos a responder a las recomendaciones del ombudsman, y cuando no sean aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y publicar dicha negativa, y en ocasiones, si así lo demanda la CNDH, el Senado, la Comisión Permanente y los congresos locales podrían hacer comparecer a los funcionarios responsables para que expliquen los motivos de su negativa (Olivares, 2018). La importancia de la reforma radica en que se incorporó todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales (artículo 1 constitucional); la obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona;  la obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con cuatro obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. También se estableció la obligación que cuando existe una violación, las autoridades deben investigar, sancionar y reparar dichas violaciones.

 

La administración de Enrique Peña Nieto[34], significó el retorno del PRI luego de dos sexenios panistas. México seguía participando de los foros internacionales sobre derechos humanos, se mantenía la invitación a los organismos internacionales para que visitaran el país, los cuales emitieron informes sobre la situación de derechos humanos. Por otro lado, en el período entre 2013 y 2017, la Corte IDH emitía cuatro sentencias condenatorias contra el Estado mexicano.  Es la segunda gestión federal en la que más se han violentado las garantías ciudadanas. En los cinco años de su administración, 257 autoridades recibieron exhortos por violaciones a los derechos humanos (Olivares, 2018). Entre los años 2012 y 2015 se dio la represión violenta contra 28 manifestaciones en la Ciudad de México. Más de 504 detenidos arbitrariamente acusados de ‘ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, muchos de ellos sentenciados y mantenidos en prisión por casi 5 años. El 30 de junio de 2014, se dio la matanza de Tlatlaya, Estado de México, donde entre 12 y 22 civiles fueron asesinados por militares en San Pedro Limón, tras un enfrentamiento. Otro caso que recuerda es el de Aquila, ocurrido el 19 de julio de 2015, cuando elementos del Ejército Mexicano reprimieron bloqueos en varios puntos de una carretera en Santa María Ostula, lo que dejó como saldo un niño asesinado y 10 personas heridas. Para la CNDH, “los militares hicieron uso ilegítimo de la fuerza contra civiles, que fueron atacados con disparos de arma de fuego, inclusive en restaurantes y dentro de sus casas” (CNDH, La creación de un marco jurídico que posibilitara un marco de acción para dotar a las estrategias represivas de cierto manto de legalidad, 2021). El 19 de junio de 2016, un operativo represivo, en la comunidad de Asunción Nochixtlán en Oaxaca en donde policías federales desalojaron a profesores y padres de familia que protestaban ante las reformas educativas implementadas por el gobierno. Este desalojo provocó seis muertos y 108 heridos, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Seguridad. En septiembre del 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero fueron atacados por las fuerzas de seguridad, esas mismas que debían protegerles. El resultado del ataque fue una de las grandes tragedias: seis personas fueron asesinadas, decenas fueron heridas, y 43 estudiantes fueron sujetos de desaparición forzada, desconociendo aún su paradero. Ha señalado Amnistía Internacional que dejó como legado una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio. Un legado compartido y fruto de un cúmulo de fracasos y malas decisiones de su gobierno y de los que lo antecedieron[35] (Internacional, 2018). El país estaba en una situación muy complicada, en gran medida por la ausencia de políticas públicas que privilegiaran los compromisos internacionales y la falta de rumbo en materia de seguridad pública, con autoridades policiacas corrompidas por el crimen organizado y autoridades militares y de la marina que no mostraron respeto de todos los protocolos existentes, siendo parte de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, Human Rights Watch, señala que “miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos –incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura– en el marco de acciones contra el crimen organizado” (HRW 2018).

 

Andrés Manuel López Obrador[36] iniciaba su período el 1 de diciembre de 2018, con grandes expectativas por una parte importante de la población que brindó su confianza a través del ejercicio democrático (sufragio). En esta atmósfera de cambio, organizaciones internacionales en materia de derechos humanos realizaron una serie de recomendaciones. Por ejemplo, Amnistía Internacional hacía recomendaciones sobre: sociedad segura y estado de derecho; fortalecer la procuración de justicia; la lucha de violencia de género contra la mujer y las niñas; personas defensoras de los derechos humanos; migración y refugio; derechos de los pueblos indígenas y la política exterior en materia de derechos humanos. La crisis de los derechos humanos continúa en México. En lo que va del sexenio de López Obrados van más de 20,000 desaparecidos, política migratoria contraria a los derechos humanos; las agresiones que se han dado en estados como Quintana Roo, Guanajuato, Jalisco o Tamaulipas, donde integrantes del Ejército, de la Guardia Nacional y policías tanto estatales como municipales siguen utilizando el uso de la fuerza letal. Continúa la impunidad porque las autoridades (fiscalía general) no han esclarecidos los casos del incendio de la guardería ABC, la matanza de Tlatlaya, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el espionaje de Pegasus, etc. López Obrador creaba el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Muchos consideran que en la actualidad la CNDH va en retroceso, recordemos la toma de las instalaciones  por mujeres activistas y familiares de víctimas de violencia es un reflejo más del muy limitado impacto tanto de éste como de los organismos estatales de defensa de los derechos humanos.

 

Estableciendo rasgos fundamentales de las administraciones presidenciales del Estado mexicano en los diferentes sexenios, a partir de los cambios sustanciales internacionales que coadyuvaron a que se iniciaran avances a lo interno del país, queremos realizar o plantear como se desarrolla la relación Estado-sociedad-derecho en donde se garanticen los derechos humanos. Queda claro que a pesar de los esfuerzos en política exterior y en el ordenamiento jurídico interno, se hace necesarios que las personas físicas y morales o jurídicas conozcan sus derechos para poder ejercitarlos cuando los mismos sean violados por las autoridades y/o Estado. Son los Estados los que se obligan o vinculan debido a ese derecho internacional (que hemos venido platicando) de respetar, proteger y promover los derechos humanos, por lo que los Estados no pueden interferir ni limitarlos. La sociedad es cambiante, dinámica y debe estar informada y preparada, es decir, debe conocer los instrumentos internacionales en los cuales se les garantizan derechos humanos fundamentales para que los mismos sean garantizados y sostenidos en el tiempo. Con base a ello, las autoridades, deberán informar y educar sobre los derechos humanos, desarrollar valores y tomar las medidas pertinentes para defenderlos; con el firme propósito de proteger la dignidad de todos los seres humanos y que cada uno de nosotros podamos vivir en sociedad, relacionándonos con el Estado, cumpliendo con nuestras obligaciones y que el Estado cumpla las suyas, en esa relación sinérgica.

 

En este momento debemos preguntarnos con base a lo señalado anteriormente: ¿Qué hace el Estado, la sociedad (cada uno de nosotros) y el derecho para contribuir con esa relación sinérgica y para seguir reconociéndole a nuestros pueblos originarios y/o indígenas, sus derechos? a sabiendas que están los instrumentos que vinculan al Estado mexicano, las diversas recomendaciones con las organizaciones internacionales, la jurisprudencia de la Corte IDH y de la CNDH, incluso manuales de buenas prácticas sobre derechos humanos.

 

El Estado debe cumplir con su rol dentro de los aspectos de su política exterior y dentro de la política nacional y local. Para ello debe diseñar y desarrollar las políticas públicas (educativas, salud, bienestar social, desarrollo económico, trabajo y /o la generación de proyectos de impacto en las áreas con el beneplácito de las autoridades locales). En este contexto abordaremos el tema referente a las comunidades indígenas en el Estado mexicano y vemos que durante los sexenios que revisamos (su política en materia de derechos humanos), los enfoques no fueron dirigidos hacia estos sectores con soluciones duraderas. No obstante, los graves escollos estructurales del propio Estado mexicano aunado a otros problemas (como el narcotráfico, el crimen organizado, etc.) han puesto en una olla de presión a nuestras comunidades y pueblos indígenas.

 

El pueblo (del latín populus) es un conjunto de personas que se consideran de una sola entidad, es decir, de un mismo grupo étnico o de una misma nación en una región o país, donde estas personas constituyen una comunidad que comparten una cultura similar, pero también se puede entender como el lugar físico sobre el cual se establecen y en donde no existen privilegios de raza, sexualidad, religión, estatus económico o social. A través de los instrumentos internacionales -que hemos estado conversando, en materia de poblaciones indígenas[37]- las reformas suscitadas en 2011 otorgan primacía a los Tratados internacionales en materia de derechos humanos y a la Constitución de la república. Así también en el artículo 1 constitucional, los derechos de los pueblos y personas indígenas se fortalecen, a la vez que se establece el derecho a la no discriminación por motivos de origen étnico o nacional, se dispone que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. También el reconocimiento de las garantías para su protección.

En el artículo 2 constitucional de 2001 señala que en México existe una composición pluricultural que se sustenta en sus pueblos indígenas, es decir los que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; definiendo que son comunidades integrantes de un pueblo indígena “aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.

Tanto los instrumentos internacionales (a través del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos) como la propia Constitución, consagran los derechos fundamentales los cuales  han ampliado nuestra visión en la protección y defensa de las poblaciones originarias, respetando los principios básicos como la universalidad, la interdependencia, la progresividad y la indivisibilidad de estos; a la vez que conociendo, esgrimiendo, internalizando y reconociendo a nuestras poblaciones indígenas, para poder ir avanzando.  

 

Existen dos vías para la protección y defensa de los derechos humanos. La vía jurisdiccional y la no jurisdiccional. En México la vía jurisdiccional las autoridades judiciales ven y analizan las demandas que se presentan por presuntas violaciones a los derechos fundamentales. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano que se encarga de dirimir en materia de derechos humanos, teniendo en consideración que la Constitución mexicana establece tres medios de defensa: el juicio de amparo[38], las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. A través de estos medios jurisdiccionales se protegen los derechos fundamentales. El otro medio, el no jurisdiccional, es el que les brinda protección a los derechos humanos a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por otra parte las Comisiones de Derechos Humanos de las 31 entidades federativas y la del Distrito Federal.

 

El Sistema de Protección No Jurisdiccional de México, es considerado el más grande del mundo, formado por otras instituciones especializadas, que se encargan de la protección de los derechos humanos, entre las que podemos mencionar la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; que se encargan de realizar la promoción, difusión y divulgación de la protección a los derechos humanos, todos ellos por medio de la figura del Ombudsman, sin que posean todas sus características, como la de autonomía; aunado con las 33 instancias (31 estados de la Federación, 1 Distrito Federal y la CNDH), conforman la red de la cual venimos platicando.   La CNDH como sujeto legitimado y como parte de sus facultades, puede presentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación[39] y tiene competencia en asuntos laborales debido a la introducción de la cláusula antidiscriminación; sobre el acoso laboral mejor conocido como mobbing; de facultad investigadora de violaciones graves a derechos humanos. Estas instancias -jurisdiccionales y no jurisdiccionales- constituyen un apoyo muy importante en la obligación de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que todo Estado constitucional tiene que garantizar. 

 

Los Estados Unidos Mexicanos tienen una extensión territorial en la actualidad de 1,964,375 km2 de los cuales 1,959,248 km2 son superficie continental y 5,127 km2 son superficie insular. A este territorio debe añadirse la Zona Económica Exclusiva de mar territorial, que abarca 3,149,920 km2, por lo que la superficie total del país es de 5,114,295 km2. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el último censo de 2020, la población total en México es de 126,014,024 habitantes[40], de los cuales 16,933,283 son indígenas que representan el 15% de la población total. Cuenta con 68 pueblos indígenas que habitan el territorio mexicano y cada uno de ellos habla una lengua originaria propia que a su vez están organizadas en 11 familias lingüísticas y se derivan 364 variantes dialectales. Los pueblos indígenas en México son uno de los sectores que demanda mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural; también demanda trato digno y sin discriminación. Nuestras comunidades originarias siguen siendo las más vulnerables ante la desigualdad y la pobreza por ello urgen acciones y políticas públicas holísticas que se enmarquen en las diversas recomendaciones que se han realizado a través de las organizaciones y organismos internacionales (plano internacional) y a nivel de la CNDH (plano nacional). Lo cierto es que estas acciones deben ser asertivas y dentro de los enfoques de derechos humanos, de género y dentro de los parámetros de la interculturalidad. Entender el interculturalismo como la interacción entre grupos y personas que pertenecen a culturas distinta, basadas en el respeto, en condiciones de igualdad, aceptando que todos gocemos de dignidad, seamos valiosos y aceptando también que el otro diferente, tiene derecho a su diversidad. Aceptando esto, estaremos caminando por los senderos fortalecidos de las democracias, a través del pluralismo y de esa manera poder seguir construyendo sociedades fuertes. La democracia supone el respeto, la justicia, el combate contra la discriminación y el racismo. Resulta imprescindible educar para la interculturalidad para crear más conciencia y construir una verdadera democracia.

 

La vulnerabilidad de nuestros grupos originarios la seguimos viendo cuando no se les toma en cuenta en las decisiones del Estado que estarían violentando primero la convivencia en paz con los diversos pueblos, cuando no respetamos sus modos de vidas, su cosmovisión y lo que es aún peor no le reconocemos sus derechos a pesar de los ya tan discutidos parámetros. En muchas ocasiones las intransigencias de los gobiernos o el no entender la dinámica de comportamiento y vida de los pueblos indígenas, crean crisis que nos han conducido por caminos escabrosos que ponen en dudas la existencia de la justicia, el respeto a los derechos individuales y colectivos y por ende de la democracia. Independiente de posiciones políticas, hoy existen temas que vulneran los derechos de las referidas comunidades, con los megas proyectos dentro de sus tierras que podría hacer explotar la olla de presión por la imposición de políticas no consultadas con las comunidades y sus autoridades representativas, que pueden generar en grave crisis de tierras o incluso en un conflicto armado[41]. Estos megaproyectos no sólo desplazan a los pueblos indígenas, sino que los despojan de su territorio y de sus recursos naturales, y casi nunca resultan beneficiados por los referidos proyectos. Es que el reconocer la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, representa respeto a sus formas de vida.

 

En septiembre de 2015, en el Consejo Económico y Social  de las Naciones Unidas  (ECOSOC)[42], se celebraba la Cumbre de Desarrollo Sostenible (del 25 al 27 de septiembre), en la sede de las NU, 193 Estados miembros proclamaron la Agenda sobre Desarrollo Sostenible, conocida como La Agenda 2030 (A2030) de desarrollo humano y desarrollo sostenible y con la vocación de construir un modelo de desarrollo que garantice el bienestar de las personas y la sostenibilidad del planeta. Se abordan temas como el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, el cuidado del planeta, entre otros, que las anteriores agendas, les dieron   poco aprecio o que simplemente no consideraron y será la guía de referencia y de trabajo para los próximos 15 años (2015-2030) (CEPAL, 2016). Los ODS de la A2030 son complejos y se enfrentan a dificultades, plantean construir un mejor planeta para las futuras generaciones; no poseen un proceso definido porque se encuentra en construcción con diversas ayudas y diversas visiones que incorpora contradicciones e incoherencias pero que también tienen potencialidades; contiene diferentes enfoques y diversos intereses. Desarrolla un principio de integralidad en donde todos los ODS deben estar interrelacionados, ya que uno afecta al otro y se necesita coherencia de las políticas con el desarrollo; contiene una agenda de gobernanza global de desarrollo. Se basa en el principio de universalidad en donde todos los países tienen que revisar su propio modelo de desarrollo global; incorporaron nuevos objetivos y con mayor alcance; llama a una acción multinivel, en donde participan diferentes actores que abordan diversos procesos de reflexión, plantea una lógica multidimensional del desarrollo, tomando en consideración la dimensión económica, social, ambiental y política (enfoques de la sostenibilidad[43]). Plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en diferentes dimensiones conocidas como las 5 P: personas, planeta, prosperidad, paz y partnership (alianzas). La A2030 impone retos que giran en torno a la gobernanza[1] (rural, local, nacional e internacional; ambiental, financiera, etc.) y por ende al cumplimiento de los ODS mediante el desarrollo de políticas (diversas) y Cooperación Internacional donde haya coordinación y flexibilidad entre ellos. Es acá en donde tenemos que plantearnos el tema de los pueblos indígenas en el desarrollo de los ODS. En la misma se debe fomentar la visibilidad de los pueblos indígenas en los datos y la revisión de la Agenda 2030; garantizar la participación de los pueblos indígenas en la implementación, el seguimiento y la revisión de los objetivos porque a través de los pueblos indígenas se pueden realzar los aportes necesarios al desarrollo de los planes de acción, seguimientos y revisiones nacionales a todos los niveles, incluso las revisiones nacionales. El lema de los ODS es no dejar a nadie atrás, eso incluye incorporar a nuestras comunidades indígenas al desarrollo de estos. Los ODS deben trabajarse desde lo local (es decir en el seno y núcleo de las comunidades indígenas) para poder garantizar su éxito.  

 

Con el fin de cumplir con el  Objetivo 16 que aborda los temas de paz, justicia e instituciones fuertes, está encaminado a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones sólidas, responsables e inclusivas a todos los niveles con especial énfasis en la lucha contra la corrupción. La agenda global estableció metas: 16.5 (Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas), 16.6 (Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas), 16.8 (Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial) y la 16.a (Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia). En México, en el marco de la Ley Nacional del Sistema Anticorrupción (18 de julio de 2016) y en lo relativo a las comunidades indígenas, se estableció convenio de colaboración que contempla mecanismos y acciones conjuntas en materia de capacitación a servidores públicos de los pueblos y comunidades para fortalecer la contraloría social comunitaria, el combate a la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas, así como en los temas de derechos de autor, autonomía, organización de talleres, seminarios y conferencias, realización de acciones positivas en materia de derechos de los pueblos indígenas y afro mexicano, en materia de servicios profesional de carrera y seguridad social, entre muchos otros aspectos; ello en el marco del combate contra la corrupción en todas sus formas porque en palabras de António Guterrés, Secretario General de las Naciones Unidas, "Las personas tienen razón de estar enojadas. La corrupción amenaza el bienestar de nuestras sociedades, el futuro de nuestros hijos y la salud de nuestro planeta. Debe ser combatida por todos, para todos”. La corrupción es actualmente una de las principales preocupaciones por parte de la sociedad y de las autoridades dentro de todos los países.

 

Conclusiones

1.    Los cambios que se produjeron a partir de la Segunda Guerra Mundial, durante y después de la Guerra Fría, imponen nuevos escenarios en la sociedad internacional porque produjeron ruptura del estatus quo (de la unipolaridad a la bipolaridad, luego a la multipolaridad, y a la interdependencia).

2.    Como producto de los horrores de los grandes conflictos mundiales y los cambios descritos en la conclusión anterior, impulsaron el desarrollo, la protección, la promoción y defensa de los derechos humanos a lo largo de la historiografía en los diversos escenarios: global (con la creación del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos/ONU) y los regionales (en el caso de América, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos/OEA).

3.    En los sistemas de protección y defensa de los derechos humanos (global y regionales), se desarrollarán y crearán instrumentos e instituciones de promoción, defensa y protección de los derechos humanos y que han sido suscrito por los Estados, generando vinculación y por ende compromisos de cumplimiento (Convención de Viena sobre Tratados de 1959, pacta sunt servanda).

4.    El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en conjunto con la política internacional y la política exterior de los estados, se han adoptado a través de los ordenamientos jurídicos internos de los Estados para su implementación y/o ejecución.

5.    En los instrumentos internacionales se va a introducir el tema de los grupos y comunidades indígenas producto de la indiferencia de años de gobiernos, en donde las violaciones a sus derechos y el no reconocimiento de sus identidades han sido desastrosas para el desarrollo de sus pueblos.

6.    En el caso preciso de México, abordamos historiográficamente hablando, los sexenios en donde se empieza a considerar con un poco más de apertura sobre los derechos humanos e inicios de la protección de estos. Además de las crisis que se produjeron, las desapariciones y las violaciones en diversas materias para luego abordar el tema de las comunidades indígenas.

7.    En la revisión bibliografía realizada para poder cumplir con esta asignación, analizando, eligiendo y seccionando cada uno de los documentos, me quedaba la siguiente duda: si a otras poblaciones (no indígenas) se les han violentando todos los derechos, empezando por el mayor bien jurídico tutelado como es la vida, qué podemos esperar de las comunidades apartadas por años, como lo son las indígenas en donde las políticas públicas orientadas en enfoques (derechos humanos, género e interculturalidad), no llegan en la mayoría de las ocasiones?

8.    Los compromisos del Estado mexicano son muchos porque es signatario de muchos tratados y convenciones y porque toca que ejerza y haga cumplir las leyes y reglamentos, que se haga justicia y que siga luchando contra la impunidad porque son aristas importantes para que exista el estado de derecho y por ende la democracia.

9.    En esa política internacional se desarrolla el tema de los OSD, un compromiso (aunque no es obligatorio) forma parte de ese soft power pero que genera mucha cooperación internacional en diversas áreas para la implementación de estos y el logro de las metas impuestas.

10. Es un compromiso de todos los habitantes de México nunca dejar de reclamar los derechos que consideremos vulnerados y ante la ineficiencia, el poco me importa o simplemente la desidia de las autoridades, agotadas las vías en el país, accionar a las instancias internacionales.

11. Las políticas públicas que genere y quiera desarrollar el Estado, debe hacerlo respetando la cosmovisión de las comunidades indígenas dentro de su derecho particular y colectivo.

 

 

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[1] El régimen autoritario priista estaba liderado para el año de 1968 por Gustavo Días Ordaz (1911-1979), estudió derecho en la Universidad Autónoma de Puebla y su candidatura a presidente de los Estados Unidos Mexicanos había sido apoyada por el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) en mayo de 1964. Díaz Ordaz en su sexenio llevó a cabo una política de desarrollo del Estado. En materia económica podemos mencionar que el producto interno bruto mexicano (PIB) creció al 6,8%, ordenó la cancelación de concesiones para la exploración petrolera, se estableció el área de mar territorial en 12 millas náuticas, se creó el Instituto Mexicano del Petróleo. En lo relativo a las obras de infraestructura, se construyeron la presa de la Amistad en Coahuila, la Torre de Telecomunicaciones del Distrito Federal, la infraestructura olímpica para la realización de las XIX Olimpiadas en México (incluía: Villa Olímpica, el Palacio de Deportes, la Alberca Olímpica, el Velódromo, la Sala de Armas, el Polígono de Tiro, el Canal de Remo y Canotaje, el Muelle de Regatas, etc.); el Metro desde la Glorieta de Chapultepec hasta la Calzada Ignacio Zaragoza (línea 1 del metro). En su administración, México se adhirió al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pese a sus obras y la estabilidad económica, su gobierno se caracterizó por la represión y la censura: Censuró diarios, revistas y libros como fue el caso de Oscar Lewis con su obra “Los hijos de Sánchez” que se refería a la marginación que se vivía en México; represión del movimiento de médicos en noviembre de 1964 (médicos residentes e internos del Hospital 20 de noviembre del ISSSTE reclamaron el pago de aguinaldos atrasados y 206 de ellos fueron despedidos. En lo relativo a movimientos estudiantiles, el 2 de octubre de 1966, los sucesos de Tlatelolco de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, una protesta contra el alza del transporte público. En 1965 se produce el primer ataque guerrillero en México, al cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua. Los atacantes fueron ejecutados y los sobrevivientes formaron el movimiento conocido como la Liga Comunista 23 de septiembre. En Guerrero los maestros normalistas de Ayotzinapa: Genaro Vásquez y Lucio Cabañas, se levantaban en armas. En este contexto iniciaba la guerra sucia.

[2] Panista: que proviene de las filas del Partido Acción Nacional. Es un partido político mexicano de derecha, cristiano, de doctrina política conservadora, afín a las ideas de la democracia cristiana. Sus estatutos establecen que su posición ideológica es el humanismo cristiano.

[3] Vicente Fox empresario y político mexicano que se desempeñó como presidente de los Estados Unidos Mexicanos desde el 1 de diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006. Se convirtió en el primer presidente panista luego de setenta años del predominio priista (Partido Revolucionario Institucional).

[4] Felipe Calderón presidente de los Estados Unidos Mexicanos desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012. Fue miembro del Partido Acción Nacional (PAN) durante treinta años antes de abandonarlo en noviembre de 2018.​ Durante su sexenio el país estaba inmerso en violencia generalizada por la lucha que implementó contra los carteles del narcotráfico.

[5] Globalización es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros.

[6] Mary Kaldor considera que las nuevas fuerzas políticas internacionales que empiezan a competir con el Estado están relacionadas con “los movimientos sociales globales, las ONG internacionales (ONGI), las redes de abogacía transnacionales y las organizaciones de sociedad civil entre otras” (Kaldor, 2005). En la actualidad hablamos de variados actores de las RI. Podemos mencionar: El Estado, Organizaciones Internacionales, Organismos Internacionales, multinacionales, los pueblos originarios, guerrillas, agencias financieras.

[7] Entiéndase por política exterior como el conjunto de decisiones, políticas y acciones que conforman una política pública del Estado, cuyo objetivo es representar los intereses nacionales de ese Estado frente a los otros Estados y demás sujetos de derecho internacional. La política exterior siempre se relaciona y se define en función de las políticas nacionales (intereses nacionales).

[8] Resulta prudente mencionar, que, en la actualidad, en América Latina, 15 Estados han incluido y mencionan en sus objetivos de política exterior el tema concerniente a los derechos humanos y ello se puede constatar en las páginas web de sus respectivas cancillerías. Estados como Cuba, Nicaragua y Venezuela son los tres países latinoamericanos que no incluyen a los derechos humanos como objetivo de sus políticas exteriores (CADAL, 2019).

[9] El DIDH es un derecho muy reciente que es una rama del Derecho Internacional Público creado debido a las a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. 

[10] Podemos mencionar como ejemplo, los instrumentos universales en materia de derechos humanos, que las Naciones Unidas los han reunido en el tema referente a  los Derechos de los pueblos indígenas y de las minorías, como son la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 y la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.

[11] Los pactos deben cumplirse. Todo lo convenido verbalmente o por escrito una vez probado el concierto de voluntades, debe cumplirse.

[12] La Organización de las Naciones Unidas tiene un carácter global. Fue creada mediante la Carta constitutiva en San Francisco, Estados Unidos de América en 1945, luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Tiene como objetivos específicos preservar la paz y la seguridad internacional. Todos los 24 de octubre, se celebra su aniversario de creación. Está integrada por seis órganos principales: la Asamblea General, el secretario general, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia.

[13] Corte Penal Internacional (CPI) creada mediante el Estatuto de Roma de1998.

[14] Durante los años 60 en México se gestaban transformaciones dinámicas. Desde un punto de vista sociocultural, los jóvenes y las mujeres fueron los protagonistas de esas transformaciones y enarbolaron las banderas en contra del autoritarismo y de la violencia institucionalizada. En este escenario se produciría el movimiento de 1968, el cual fue un movimiento estudiantil de carácter social en donde participaron estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), preparatorias y vocacionales, profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la ciudad de México como del interior del país.

El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este período, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios: Aquel día el ejército y el Batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la “Operación Galeana” con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga (CNH), órgano de dirección colegiado, creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la UNAM, el IPN, El Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle (México), Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y otras universidades del interior de la república; los intentos de someter al CNH derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia (Taalas, 2018).

[15] En México, los granaderos eran unidades de policía especializadas en tareas antidisturbios y otras funciones de seguridad pública interior. Granaderos es el nombre que llevó el agrupamiento desde su creación en 1939. Todavía en 2010, en el Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que entonces encabezaba Manuel Mondragón y Kalb, aparecían en la estructura orgánica de la dependencia los agrupamientos de Granaderos Oriente y Poniente, lo que ya no ocurre en la estructura hoy vigente (Chapa, 2021).

[16] En el año de 1975 cuando en el seno de la ONU se generó la Declaración Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en 1985 cuando surge la Convención que la regula, cuestión que por sí misma explica la ausencia de un tipo penal en materia de tortura en la época; no obstante, ello en los casos investigados quedó acreditado que las personas detenidas fueron objeto de esa práctica. La tortura como delito es de reciente tipificación en nuestro país, ya que fue hasta el 27 de mayo de 1986 que se publicó la primera Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, la cual se rediseñó en 1991 e hizo necesario que se elevara a nivel constitucional.

[17] Sexenio de Carlos Salinas de Gortari se extendió desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el 30 de noviembre de 1994. Durante este período, el 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un tratado de libre comercio, el 5 de febrero de 1991 inician las negociaciones del TLCAN, por lo que el Acuerdo Comercial fue firmado por el presidente estadounidense George H. W. Bush y entró en vigor el 1 de enero de 1994.

[18] Cabe destacar que el antecedente en México es la Dirección de Derechos Humanos que había sido creada el 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación.

[19] El 28 de enero de 1992 se publica en el Diario Oficial el Decreto de Reforma del artículo 102 constitucional: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán organismos de protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos y omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servicio público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Formularán recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos y omisiones de los organismos equivalentes de los Estados.”

[20] El T-MEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituye al Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

[21] El ingreso de México a la OCDE se produjo el 18 de mayo de 1994 y se convirtió en el miembro número 25 de la organización. Cabe señalar que esta organización es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados, ​​ cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette en París. Su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. México fue el primer país latinoamericano en formar parte de esta importante organización (Otros Estados latinoamericanos que forman parte: Chile 7 de mayo de 2010, Colombia 28 de abril de 2020 y Costa Rica 25 de mayo de 2021) (OECD, 2021).

[22] El sexenio de Ernesto Zedillo se extendió desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000.

[23] El conflicto chiapaneco fue el conflicto armado entre el Gobierno de México y la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que se disponía a celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1° de enero de 1994), los insurgentes del EZLN tomaron por las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas (San Cristóbal de las Casa, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal). Insurgentes que provenías de los pueblos tzeltal, tzotzil, chol y tojolabal, todos ellos de la familia maya y demandaban trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Como respuesta, el gobierno federal envió al ejército a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron 11 días. Se establecieron las mesas de diálogo de San Andrés Larráinzar, las cuales se mantuvieron durante el sexenio de Salinas y continuaron con el de Ernesto Zedillo; sin embargo, los zapatistas rompieron el diálogo debido a la propuesta de reformas constitucionales del gobierno federal, que no respetaba comprometidos en los acuerdos de dichas mesas. Zedillo respondió con una nueva ofensiva militar, se emitieron ordenes de aprehensión contra los dirigentes del EZLN y el hostigamiento contra las comunidades zapatistas. La sociedad mexicana, en apoyo a los zapatistas, rechazó las acciones violentas y se manifestó inmediatamente a lo largo del territorio nacional en marchas y movilizaciones exigiendo paz y diálogo, también a nivel internacional se generó una intensa presión que se consolidó en la formación de organizaciones de solidaridad con el movimiento zapatista principalmente en América, y Europa, ocasionando que el gobierno mexicano diera marcha atrás parcialmente en las agresiones. A la fecha desde el levantamiento del EZLN muchas de sus demandas aún no han sido resueltas (Batalla, 2021).

[24] Desde 1993, se comenzó a documentar los primeros homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta noviembre de 2009, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México a reparar a las víctimas del caso "Campo Algodonero", la realidad de las mujeres no mejoró sustancialmente durante esos casi 16 años; incluso empeoró en la ciudad "más peligrosa del mundo". Esto ocurrió durante los sexenios de los presidentes de la República mexicana, Durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Desde que comenzó la denominada "Guerra contra el Narcotráfico", no sólo miembros del crimen organizado u otros agentes privados son los perpetradores de los asesinatos, violaciones sexuales, acosos y otras manifestaciones discriminatorias hacia las mujeres en Chihuahua, sino también policías y miembros del Ejército mexicano (Vásquez, 2011).

[25] Matanza de Acteal:  En la mañana del 22 de diciembre de 1997, fueron masacradas 45 personas: 21 mujeres -cuatro de ellas embarazadas- 15 niñas y niños, y 9 hombres. Las víctimas eran indígenas tzotziles pertenecientes a una organización pacifista llamada Las Abejas. Al momento de la agresión, los perpetradores dispararon contra una ermita en la que aquellas se encontraban rezando por la paz en Chiapas.

[26] Masacre de Aguas Blancas fue un crimen de Estado ocurrido el 28 de junio de 1995 cometido por la policía del estado mexicano de Guerrero en el vado de Aguas Blancas Estaban a tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas. En esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados; catorce heridos. Dos elementos policiacos también resultaron lesionados, con heridas corto-contundentes producidas por arma blanca.

[27] Sucedió el 7 de junio de 1998​ en el municipio de Ayutla, Guerrero, cuando en el poblado conocido como El Charco, once personas murieron en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, así como cinco resultaron heridos y veintidós detenidos. ​ Entre los difuntos estaba Ricardo Zavala, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y algunos guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), presentes en la escuela estaban en una labor de propaganda, algo común que realizaba el grupo en algunos municipios.

[28] Vicente Fox Quesada presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 1 de diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006.

[29] En el año 2002, al sancionar la “ley de transparencia”, el Congreso mexicano dio un golpe potencialmente decisivo a la tradicional cultura del secreto con la cual se manejaban los asuntos de estado. 

[30] La administración Fox ha resultado insuficiente ha sido sus iniciativas para abordar otro legado del viejo régimen: la habitual subordinación del estado de derecho a prácticas que se perciben como indispensables para mejorar la seguridad pública.

[31] Desde la Revolución Cubana 1 de enero de 1959, las relaciones con los gobiernos priistas fueron satisfactorias y en los diversos escenarios y foros internacionales, eran la voz del régimen cubano. El cambio de política exterior que Fox le da al Estado mexicano -en ocasiones al borde del rompimiento de las relaciones diplomáticas- estuvo caracterizada por la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos.

[32] Entre los observadores se encontraron el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados (2001), el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (2001), la Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2002), dos personas expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2003) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (2003).  Diferentes ONGs internacionales, entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Amnistía Internacional, y el Grupo de Trabajo de América Latina.

[33] La administración de Felipe Calderón se extendió desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012. Surgido de las filas del Partido Acción Nacional (PAN) que es un partido político mexicano de derecha, cristiano, de doctrina política conservadora, afín a las ideas de la democracia cristiana. Sus estatutos establecen que su posición ideológica es el humanismo cristiano.

[34] El sexenio de Enrique Peña Nieto se extendió de 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018. Priista y ex gobernador del Estado de México. Su período ha sido calificado por la Dra. Ivonne Acuña como perdido, para el Estado y la sociedad mexicana, pero no para él y la élite que representaba.

[35] Amnistía Internacional señaló que el legado de Peña Nieto se tradujo en cifras y hechos escalofriantes: más de 37 mil personas desaparecidas – de estas cerca de 60% han desaparecido en los últimos seis años-, múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad; y una práctica de la tortura generalizada, que incluye la tortura sexual, como mecanismo común en el sistema de justicia. Los últimos dos años han sido los más violentos en la historia reciente, con una media mensual de más de dos mil homicidios dolosos; los feminicidios son una epidemia en todo el territorio nacional; el país se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para personas defensoras de derechos humanos y periodistas; y la discriminación y desigualdad siguen siendo flagelos que afectan a la mayoría de la población, con la impunidad y la corrupción como la norma.

[36] Andrés Manuel López Obrador: su sexenio se extiende desde el 1 de diciembre de 2018 y culminará el 30 de noviembre de 2024. Llevado a la Presidencia de la República por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Es un partido político de hombres y mujeres que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país.

[37] Los instrumentos internacionales que abordan la temática de los pueblos originarios y comunidades indígenas son:  el Convenio Número 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, que fue ratificado por 27 países (creado en el escenario de la OIT, 1957); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en su artículo 27 señala que en los Estados en que existan minorías étnicas no se les negará a los miembros de las mismas, el derecho a tener su propia vida cultural, a profesar su propia religión y a emplear su propio idioma; la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992), establece que los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad, entre ellas disfrutar su propia cultura; profesar y practicar su propia religión, y utilizar su propio idioma, en privado y en público, libremente y sin injerencias ni discriminación de ningún tipo; El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (27 de junio de 1989), que buscó romper con los contenidos asistencialistas e integracionistas del Convenio 107 comentado antes; el Convenio 169 de la OIT fue ratificado por México en 1990 y entró en vigor el 5 de septiembre de 1991 (es un instrumento vinculante); la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (2007), no constituye un documento jurídicamente vinculante, pero con fuerza moral y marcan los parámetros mínimos para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, dentro de ellos los relativos a la libre determinación, a la cultura propia, a la educación y a la organización, al desarrollo y al trabajo, a la propiedad de la tierra, al acceso a los recursos naturales de los territorios en los que se asientan y a un ambiente sano, a la no discriminación y a la consulta libre e informada sobre temas que los afecten, entre otros.

[38] Juicio de amparo en México:  es un procedimiento jurisdiccional de control judicial regulado por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es un medio de control de constitucionalidad, convencionalidad, dignidad humana y derechos humanos, al tenor de la leyenda: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.

[39] Por la reforma a la Constitución al artículo 105, fracción 1 que facultó a los órganos constitucionales autónomos para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, controversias constitucionales.

[40] México ocupa el lugar #11 en población a nivel mundial.

[41] El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha manifestado en el tema del megaproyecto: Tren Maya que tendría 1,525km de extensión y que se desarrollaría en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Una inversión entre 120 -150 mil millones de pesos mexicanos; que morirían como guardianes de la tierra antes de permitirlo.

[42] Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) está integrada por 6 órganos principales: La Asamblea General, el Secretario General, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), el Consejo de Administración Fiduciaria, el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. Dentro del ECOSOC funcionó desde 1946 la Comisión de Derechos Humanos que sería reemplazada en el 2006 por el Consejo de Derechos Humanos. En este consejo se lleva gran parte de la cooperación que se genera a través de los diversos Organismos Internacionales que forman parte del Sistema de las Naciones Unidas.

[43] Buscar una definición a un desarrollo multidimensional es acercarse a la definición sobre desarrollo sostenible contenida en el Informe Brundtland (1987), cuando señala que consiste en “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. El referido informe es un informe que enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico junto con el de sustentabilidad ambiental. Fue realizado por la ex primera ministra noruega: Harlem Brundtland y el objetivo era analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se estaba llevando a cabo a un costo medioambiental alto.


 [VC1]Aquí falta conecte

 

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