Título
del Articulo a ser Publicado: Los pueblos indígenas de México como
grupos étnicos vulnerables: Un enfoque a partir de las Relaciones
Internacionales, la Política Internacional y los Derechos Humanos.
Title of The Article to be Published: The indigenous peoples of Mexico as vulnerable ethnic groups: An approach based on International Relations, International Politics and Human Rights.
José Ulises
Lescure[1]
ulises.lescure@trinity.oxon.org
https://orcid.org/0009-0009-7455-7219
Profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales,
Facultad de Administración Pública
de la Universidad de Panamá
Panamá – República de Panamá
Basilia Hernández[2]
https://orcid.org/0009-0004-4262-3334
Profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales,
Facultad de Administración Pública
de la Universidad de Panamá
Panamá – República de Panamá
Venicia Chang Monterrey[3]
https://orcid.org/0000-0002-4272-9663
Profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales,
Facultad de Administración Pública
de la Universidad de Panamá
Panamá – República de Panamá
Resumen
El presente trabajo académico examina la situación de
los pueblos indígenas en México, considerando su vulnerabilidad en el contexto
de los derechos humanos, las relaciones y la política internacionales. Se
analizan las dinámicas entre el derecho interno de México e instrumentos
internacionales en el marco de los derechos humanos, así como entre ellos y las
políticas internas y de la posición de México en el ámbito internacional
respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Se estudia el desarrollo de las
políticas de derechos humanos en los recientes sexenios, con especial énfasis
en las reformas legislativas y el alcance de la protección efectiva de los
derechos indígenas. Se aborda la inclusión de los pueblos indígenas como
actores relevantes en las relaciones internacionales, apuntando a la necesidad
de políticas interculturales y respeto a la diversidad. Finalmente, se ofrecen
recomendaciones para mejorar las políticas públicas en este ámbito y la
participación de estos grupos en la toma de decisiones, dentro del marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, con el objetivo de que los
grupos vulnerables no sean marginados.
Palabras claves: Política
internacional, política exterior, derechos humanos, grupos vulnerables,
comunidades indígenas.
Abstract:
The present academic
work examines the situation of indigenous peoples in Mexico, considering their
vulnerability in the context of human rights, international relations, and
politics. It analyzes the dynamics between Mexico's domestic law and
international instruments within the framework of human rights, as well as the
interactions between these and internal policies and Mexico's position in the
international arena concerning the rights of indigenous peoples. The development
of human rights policies in recent presidential terms is studied, with special
emphasis on legislative reforms and the extent of effective protection of
indigenous rights. The inclusion of indigenous peoples as relevant actors in
international relations is addressed, highlighting the need for intercultural
policies and respect for diversity. Finally, recommendations are offered to
improve public policies in this area and the participation of these groups in
decision-making, within the framework of the Sustainable Development Goals and
the 2030 Agenda, aiming to ensure that vulnerable groups are not marginalized.
Keywords:
International politics, foreign policy, human rights, vulnerable groups,
indigenous communities
Introducción
Nos hemos propuesto elaborar una investigación
académica que aborde dentro de su marco teórico la vulnerabilidad de los
pueblos indígenas mexicanos, en función del desarrollo de la transversalidad de
los enfoques de género, de derechos humanos e interculturalidad en la
protección integral y defensa de los derechos humanos de los pueblos y
comunidades indígenas, como grupos étnicos en situación de vulnerabilidad.
Los referidos enfoques y los instrumentos
internacionales son necesarios a fin de proteger la dignidad y los derechos
humanos de estos grupos, los cuales también están garantizados tanto por el
Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y regionalmente a
través del Sistema Interamericano de Protección y Defensa de estos.
México ha suscrito Tratados Internacionales en materia
de protección internacional de Derechos Humanos, en los cuales tiene el
compromiso ante las instancias internacionales de promover, respetar, proteger
y garantizar estos derechos.
En cuanto al derecho positivo mexicano, las diversas
modificaciones y/o reformas a la Carta Magna y al ordenamiento jurídico
interno han dado lugar a que se establezcan los parámetros necesarios de
regulación y protección para la observancia y seguimiento de los derechos
humanos en las poblaciones indígenas mexicanas, estas reformas fueron en parte
producto de las tres recomendaciones generales de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (en adelante CNDH) a saber: a) Rec. 27/2016 sobre el derecho a
la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República
Mexicana, b) Rec. 35/2019 sobre la protección del patrimonio cultural de los
pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana y c) Rec. 36/2019
sobre la situación de la población jornalera agrícola en México.
Estos instrumentos legales internacionales y
nacionales, constituyen un clúster de referencias jurídicas que cimentan el
objetivo y ubican la especificidad de la presente investigación académica.
El título “Los pueblos indígenas de México como
grupos étnicos vulnerables: Un enfoque a partir de las Relaciones
Internacionales, la Política Internacional y los Derechos Humanos” intenta
abarcar de forma integral las aristas de la materia y sustentar la relevancia
del tema de manera introductoria, a su vez se definirán los conceptos centrales
que sean apremiantes para comprender el desarrollo de la política internacional
de los derechos humanos y cómo esa relación
establecida entre el Estado, la sociedad y el derecho, ha servido en
lucha para el establecimiento y ejecución de políticas públicas holísticas para
la observancia de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México, cuya
finalidad está aunada al cumplimiento de
la agenda global que se ha establecido en beneficio de estos grupos
étnicos en vulnerabilidad.
Resulta de importancia abordar los temas inherentes a
las Relaciones Internacionales, a la Política Internacional y a la Política Exterior
del Estado mexicano, ello con la finalidad de poder crear un marco de
referencia sobre lo que las mismas son y representan en el estudio o el
abordaje de la situación de los pueblos originarios o de las comunidades
indígenas.
Por otro lado, la historiografía mexicana referente al
tema de los derechos humanos tardó en desarrollarse debido al propio sistema
político que existía en México caracterizado por la centralización férrea que
mantenía y los actos de represión[1]
que se dirigían hacia los movimientos de lucha y de reivindicación social.
Prueba de ello, fue el movimiento estudiantil de 1968, duramente reprimido y
que generó más de 300 muertes.
La
masacre fue cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón
Olimpia en contra de una manifestación pacífica
Es
de anotar que, durante las dos décadas siguientes, poco o casi nada se trabajó
en materia de derechos humanos, ya que no resultaba una prioridad para los
gobiernos priistas que se sucedieron en el poder. En términos generales
la política exterior esgrimida por los gobernantes de turno fue fundamentada en
el principio de no intervención con el objeto de evitar a toda costa la
injerencia de organizaciones internacionales en materia de derechos humanos en
sus asuntos y lo que era aún peor, que pudiesen opinar sobre la situación
alarmante en materia del respeto a la dignidad de las personas y en lo
concerniente a los derechos fundamentales.
En la década de los noventa e inicios del nuevo
milenio, durante los sexenios de los panistas[2]
Vicente Fox[3] y
de Felipe Calderón[4],
el tema respecto a los derechos humanos va a tomar fuerza y se va a iniciar una
política de mayor protección de cara a los mismos; aunado a los cambios
constitucionales que se irán gestando debido al predominio y los alcances del Derecho
Internacional en materia de derechos humanos.
Metodología
Con el fin de lograr estos objetivos,
se plantea una metodología en la cual se realizó una revisión bibliográfica y
documental de la investigación cualitativa para este trabajo, utilizando fuentes
confiables. De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014),
un estudio cualitativo se distingue, entre otros aspectos, por investigar el
objeto de estudio dentro de su contexto y circunstancias. En el caso de los
pueblos indígenas de México como grupos étnicos vulnerables, así como de
cualquier otro grupo humano, no pueden ser abordados de forma abstracta y
separada, sino en sus relaciones históricas, políticas y sociales con otros
grupos sociales.
Por su parte, el estudio documental
hace referencia a una técnica integral de investigación que no se define
únicamente por el formato y naturaleza de las fuentes de información, sino que
también plantea la forma en que la información documental debe ser abordada, a
través de varios pasos que incluyen la búsqueda de información, su organización
de acuerdo con las categorías principales de la investigación (pueblos
indígenas mexicanos, relaciones internacionales, política internacional y
derechos humanos, en el caso de ésta), la selección de las fuentes más
pertinentes y su incorporación en el estudio a través de la síntesis (Peña Vera, 2022).
De esta forma centraremos nuestro
estudio en la evolución y desarrollo en la protección y promoción de los
Derechos Humanos en México y en su entorno Internacional; seguido por una
descripción de los pueblos indígenas como grupos étnicos vulnerables; revisando
a la vez en la Agenda 2030 los temas inherentes a los pueblos indígenas y por
último se esbozan conclusiones conforme a los hallazgos identificados.
Desarrollo
temático
Evolución y desarrollo en la protección y promoción de
los Derechos Humanos en el Estado Mexicano y su entorno Internacional.
Con la transformación del Estado-Nación, los procesos
globales[5],
los nuevos enfoques de las Relaciones Internacionales (en adelante RI), el
surgimiento de la sociedad civil internacional, la crisis del modelo
capitalista neoliberal, el carácter plurinacional y pluricultural del
Estado-Nación
Dicho lo anterior, toca entender que el enfoque
ontológico y la epistemología de los derechos humanos como no exclusiva del
mundo jurídico
Con los cambios sufridos en el sistema internacional y
la existencia de nuevos actores de las RI[6],
la política internacional como parte de las relaciones internacionales, tiene
como rol acompañar la agenda internacional de los Estados, fortalecer las
acciones multilaterales que se generen, incrementar las relaciones bilaterales,
propiciar el intercambio y las sinergias necesarias. De esta manera podemos
vincular la política internacional con los derechos humanos y por ende con cada
uno de los Estados. La política exterior[7] en
materia de derechos humanos es el conjunto de decisiones, acciones, objetivos,
estrategias, medidas y posiciones que adoptan los Estados más allá de sus
fronteras[8].
Con el fin de promover y proteger los derechos humanos
en el plano global, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), se
desarrollaría. Este contiene
instrumentos internacionales imprescindibles (tratados en materia de derechos
humanos)[9],
establece las obligaciones que deben respetar los Estados (pacta sunt servanda[10])
y en su desarrollo se ha consolidado en el Sistema Universal de Protección de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Sistemas Regionales de
Protección de los Derechos Humanos (Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos/OEA).
Los derechos humanos se sitúan en todo el Sistema de
las Naciones Unidas[11]
como tema transversal para todas las políticas y los programas que se lleven a
cabo dentro de áreas como el desarrollo, la paz y la seguridad, la asistencia
humanitaria, asuntos económicos y sociales
El desarrollo de la política internacional en el área
de los derechos Humanos respecto a los cambios de conceptualización e
implementación desde la Guerra Fría a la Globalización, experimentados en la
sociedad internacional[12],
que constituyeron en muchas ocasiones grandes violaciones a los derechos
humanos en el ámbito internacional y significaron la reconfiguración de estas
disciplinas.
En el
caso preciso del Estado mexicano, vemos como producto de esos supra citados
cambios que se gestaban, configurando un nuevo orden mundial, la creación de
una corte penal[13]
con carácter permanente a nivel universal, la ratificación a nivel regional del
Pacto de San José, fueron entre otros factores externos, lo que va a influir
tanto en el ordenamiento jurídico interno y como en materia de política
exterior (nuevos objetivos). En este marco, desde finales del siglo XX y los
albores del XXI, el tema sobre derechos humanos adquiere gran fuerza.
Significaba
un gran reto para México, poder alinearse bajo estos estándares internacionales
cuando por más de 70 años el PRI restringía la promoción de los derechos
humanos tanto a nivel local (nacional) como internacional, ejerciendo el poder
para dirigir al Estado y a sus gobernados de manera centralizada y represiva
contra movimientos sociales. Señala Rafael Velásquez Flores que evitaba la
promoción de los derechos humanos en el ámbito global para impedir que otros
actores externos intervinieran en los asuntos del país y que, bajo el argumento
del principio de política exterior de no intervención, se imposibilitaba la
presencia de organismos promotores de derechos humanos en el territorio
nacional
En
este escenario tendríamos que preguntarnos de qué manera México inicia la
promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional e
internacional. Esos cambios (factores externos) que señalamos anteriormente, significaron
el inicio de las transformaciones, aunado a las presiones que desde afuera se
generaban tanto por las organizaciones internacionales globales, caso de la ONU
y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), las regionales
como la Organización de Estados Americanos (OEA), organismos internacionales y
ONG’s en representación de la propia sociedad civil.
El
movimiento estudiantil de octubre de 1968[14],
reprimido y masacrado por las autoridades mexicanas, sentó las bases para que a
pesar de querer callar lo que había sucedido por parte del gobierno, la
sociedad exigiera mayores libertades y mejores condiciones de vida, reflejado
en los seis puntos que demandaba el referido movimiento debido a los actos
violatorios de derechos humanos. En estos puntos se exigía la libertad de todos
los presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal
(que contemplaba la llamada “disolución social”), la desaparición del cuerpo de
granaderos[15],
la destitución de los jefes policíacos (Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías),
la indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos, y el deslindamiento de responsabilidades de los
funcionarios culpables de los hechos sangrientos.
En las décadas de los setenta y ochenta, México vivió
una grave crisis económica y violaciones a los derechos humanos. Podemos citar
como ejemplo que, a finales de 1999, se realizó un balance de las acciones
emprendidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno al
Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos. También se solicitó y se
obtuvo la colaboración de diversas Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Se
recibieron 532 expedientes de quejas sobre desapariciones forzadas de personas,
lo que permitió a la CNDH emitir sus recomendaciones.
Los cambios que se gestaron en el escenario
internacional generaron a partir de la década de los 90 (final de la Guerra
Fría, el inicio de la unipolaridad militar y de la multipolaridad económica)
que otros temas (urgentes) estén en las agendas de los Estados, destacando la
lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, el
calentamiento global y el cambio climático, la pobreza, la protección y defensa
de los derechos humanos, etc. y a partir de aquí estos temas estarían
integrados en los objetivos de la política exterior de México.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari[16]
se creó la figura de la CNDH[17],
el 06 de junio de 1990 (y su última reforma el 25 de junio de 2018)[18]
con el objeto de promover y vigilar que las instituciones gubernamentales
cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos
constituyéndose como un Organismo autónomo de la Secretaría de Gobernación.
Hay quienes señalan que la CNDH fue una respuesta a
los constantes abusos de las autoridades y luego del asesinato de la activista Norma
Corona,
quien había documentado abusos cometidos por la Policía Judicial
Sería
hasta el año 1999, que la CNDH tendría su autonomía como un Ombudsman
colegiado. Varios autores mexicanos esgrimieron que una de las causas directas que
tuvo Salinas de Gortari para la constitución de la CNDH habría sido la presión
que se daba a nivel internacional por el respeto a los derechos humanos y el
afán de ser bien vistos por los Estados Unidos de América, la Unión Europea
para la consolidación de la firma y la ratificación por parte del Senado del
Tratado de Libre Comercio (TLCAN)[19] y
del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), además de lo que
significó para México haber ingresado a la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE)[20].
Señala Acosta
que durante la administración de Ernesto Zedillo[21]
hubo algunos avances y muchos desaciertos como podemos mencionar la campaña de
amenazas y acoso contra los defensores de derechos humanos, la guerra de baja
intensidad que se desarrolló en Chiapas y sus repercusiones en otras regiones
del país, los homicidios y matanzas en el estado de Guerrero, el amago y los
secuestros de periodistas críticos, el acoso militar en las comunidades
indígenas, la impunidad que prevaleció en la mayoría de los casos de violación
a los derechos humanos y las reformas penales que pusieron en riesgo el régimen
de garantías individuales en México
El Centro Prodh reportó que durante el sexenio de
Carlos Salinas de Gortari y los dos primeros años de Ernesto Zedillo[22],
el tratamiento dado al reclamo democrático de los movimientos sociales y de los
sectores críticos y de oposición al gobierno estuvieron fuertemente permeados
por la intolerancia y por un extremo autoritarismo.
Por otro lado, se situaba el tema de las desaparecidas
de Ciudad Juárez[23]
y la violación
a los derechos humanos en niveles inimaginables. Ni que decir de las matanzas
de Acteal[24]
(22 de diciembre de 1997, Municipio de Chenalhó, Chiapas), Aguas Blancas[25]
(28 de junio de 1995, Guerrero, Sierra del Sur), El Charco[26]
(7 de junio de 1998, Municipio de Ayutla). La incapacidad, la corrupción, las
complicidades y la falta de voluntad colocaron a México en niveles inimaginable
de violaciones a derechos humanos, violencia, falta de justicia e impunidad.
Entre
los logros alcanzados podemos mencionar las medidas que se van a generar para
evitar fraudes electorales, se aceptaron observadores externos para los torneos
electorales, participación de relatores de organizaciones internacionales en
materia de derechos humanos y se reconoció el triunfo del Partido de Acción
Nacional (PAN) en las elecciones tanto para diputados federales como para las
presidenciales.
Con
la llegada a la presidencia de Vicente Fox[27],
se ponía fin a siete décadas de
dominación priista (partido único), lo que conllevó a cambios sustanciales que
eran exigidos por el pueblo mexicano en asuntos de transparencia[28]
y de rendición de cuentas[29],
con el objeto de poner fin a ese legado de autoritarismo enquistado en la
sociedad. Siguiendo esos estándares de la política internacional en su Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006, planteó como objetivo prioritario el tema de
los derechos humanos.
Así
implementaron cambios sustanciales en la política exterior, que se vieron
reflejados en sus políticas públicas, y un ejemplo de ello fue la revisión al
principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados[30].
Rechazaba de plano la política exterior que por décadas habían seguido sus
antecesores. Esto ya podríamos establecerlo como un logro de la administración Fox,
desde la observancia y práctica en materia de los derechos humanos en la
región, a la vez que se comprometió y colaboró en las más elevadas esferas internacionales
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) para
evaluar y mejorar las prácticas en materia de derechos humanos, compromiso que
caló profundamente cuando en foros multilaterales México no invocaría la soberanía nacional para
limitar la observancia internacional de los derechos humanos, ya que reconocían
que estos son valores universales y absolutos
México
presidió el recién creado Consejo de Derechos Humanos
de la ONU y la presión internacional condicionó cambios en las políticas públicas y de
la política exterior, a través de la observancia, lo que generó que se abrieran
caminos importantes a demandas locales y nacionales de los mexicanos.
El
eco respecto al caso de Ciudad Juárez y ante la mirada de las diversas
organizaciones e instancias[31],
presionaban a las autoridades nacionales para que no se hicieran los
desentendidos y obligarles a actuar. En el 2003, Fox creó la Comisión para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y gestionó
para que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificara los
cuerpos de las mujeres asesinadas.
Para
el 2004, el EAAF elaboró informe sobre las falencias de la investigación para
identificar los cuerpos de las mujeres asesinadas. Durante el 2006, el EAAF
obtuvo muestras de ADN de 60 cuerpos y de 125 familiares de los cuales identificaron
13 cuerpos
Durante
este sexenio, el 4 de mayo de 2001, la represión contra los pobladores de San
Salvador Atenco, quienes se oponían al desalojo de un grupo de floricultores
para construir un Walmart. El saldo fue de dos muertos y más de doscientas (200)
personas detenidas, se reportaron casos de torturas y vejaciones. Se les
mantuvo incomunicados y las mujeres fueron violadas.
El
19 de octubre de 2002, se producía el asesinato de la defensora de derechos
humanos: Digna Ochoa, quien había responsabilizado al Ejército mediante una
videograbación de lo que a ella y a su familia le ocurriese. En San Salvador
Atenco, el 2 de mayo de 2006, siendo Enrique Peña Nieto, gobernador en el
Estado de México, ante las reclamaciones de los integrantes del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), pidió la intervención federal (1815
elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y 700 de la Policía Federal
Preventiva) para romper el bloqueo con exceso de violencia. La CNDH señaló que
hubo detención arbitraria, trato cruel, violación a la libertad sexual,
allanamiento de morada, tortura, violación de los derechos de los menores,
violación a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, retención
ilegal. Fue el periodo con menos recomendaciones emitidas por la CNDH, con 149
autoridades señaladas
El
sexenio de Felipe Calderón[32]
entre 2006-2012, continuó con una política de apertura, en el cual adquirieron
compromisos debido a la celebración y ratificación de acuerdos y tratados
internacionales vinculantes. Como un ejemplo de ello, podemos mencionar que
entre el 2007 y el 2011 se produjo la firma y posterior ratificación de la
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra la
Desaparición Forzada
Señala
Olivares que la lucha contra el crimen organizado con el uso de las fuerzas
armadas en labores de seguridad pública -como parte de la estrategia-
representó la iniciativa que más derechos humanos ha violado, pues la CNDH realizó
recomendaciones a 350 autoridades federales
Entre
el 16 y 21 de mayo de 2007, en Cadereyta, Nuevo León, durante el sexenio de Calderón,
en medio de las negociaciones que significaba la privatización de PEMEX, se dio
el secuestro y desaparición de 38 trabajadores petroleros que luchaban por un
aumento salarial y rechazaban la venta de la petrolera. En este contexto, apunta Martínez, que se van
a dar otros casos similares, de los que podemos mencionar los dieciséis (16) secuestros
desde 2007 (nueve (9) en Tamaulipas, dos (2) en Campeche, dos (2) Veracruz y
dos (2) Tabasco y uno (1) en Nuevo León). Para el 2010, se escenificaron secuestros
a 10 petroleros, uno (1) en 2009 y dos (2) en 2008
Para
Olivares, la reforma constitucional en materia de derechos humanos,
del 10 de junio de 2011, estableció la obligación de todos los servidores
públicos a responder a las recomendaciones del Ombudsman, y cuando no fueran
aceptadas o cumplidas, se debería fundar, motivar y publicar dicha negativa, y
en ocasiones, si así lo demandara la CNDH, el Senado, la Comisión Permanente y
los congresos locales podrían hacer comparecer a los funcionarios responsables
para que expliquen los motivos de su negativa
La lucha por los derechos humanos continuaba. Se
hicieron reformas con el fin de que se incorporaran los derechos humanos de los
tratados internacionales como derechos constitucionales, aí señalados en el artículo
1 de la Constitución. Por otro lado, se exigía de que las autoridades se
guiaran a través del principio pro
persona cuando apliquen normas de derechos humanos, con el objeto de
que se aplicara e interpretara la
norma más favorable a la persona; la obligación para todas las autoridades, sin
distinción alguna, de cumplir con cuatro obligaciones específicas: promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
La
administración de Enrique Peña Nieto[33],
retornó el PRI al poder luego de dos sexenios panistas. México participaba de
los foros internacionales sobre derechos humanos y mantuvo la invitación a los
organismos internacionales para que visitaran el país y así emitieron informes
sobre la situación de derechos humanos. No obstante, en el período entre 2013 y
2017, la CorteIDH emitió (cuatro) sentencias condenatorias contra el Estado
mexicano.
Para
Olivares, la administración Peña Nieto fue la segunda gestión federal en la que
más se violentaron las garantías ciudadanas. Por citar ejemplo, durante los
primeros cinco (5) años de su administración, 257 autoridades recibieron
exhortos por violaciones a los derechos humanos
El 30 de junio de 2014, se dio la matanza
de Tlatlaya, Estado de México, en la cual entre 12 y 22 civiles
fueron asesinados por militares en San Pedro Limón, tras un enfrentamiento.
Otro caso que se recuerda es el de Aquila, ocurrido el 19 de julio de 2015,
cuando elementos del Ejército Mexicano reprimieron bloqueos en varios puntos de
una carretera en Santa María Ostula, lo que dejó como saldo un (1) niño
asesinado y diez (10) personas heridas.
El 19 de junio de 2016,
en la comunidad de Asunción Nochixtlán en Oaxaca, policías federales
desalojaron a profesores y padres de familia que protestaban ante las reformas
educativas implementadas por el gobierno. Este desalojo provocó seis (6) muertos
y ciento ocho (108) heridos, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional
de Seguridad.
En septiembre del 2014, estudiantes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero fueron atacados por las fuerzas de
seguridad, las mismas que debían protegerles. El resultado del ataque fue una
de las grandes tragedias: seis (6) personas fueron asesinadas, decenas fueron
heridas, y cuarenta y tres (43) estudiantes fueron sujetos de desaparición
forzada, desconociendo aún su paradero. Amnistía Internacional ha señalado que dejó como
legado una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio. Un
legado compartido y fruto de un cúmulo de fracasos y malas decisiones de su
gobierno y de los que lo antecedieron[34]
El país estaba en una situación muy complicada, en gran medida
por la ausencia de políticas públicas que privilegiaran los compromisos
internacionales y la falta de rumbo en materia de seguridad pública, con
autoridades policiacas corrompidas por el crimen organizado y autoridades
militares y de la marina que no mostraron respeto de todos los protocolos
existentes, siendo parte de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo,
Human Rights Watch, señala que “miembros de las fuerzas de seguridad han estado
implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos –incluidas
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura– en el marco de
acciones contra el crimen organizado” (HRW 2018).
Andrés Manuel López Obrador[35]
inició su período el 1 de diciembre de 2018, con grandes expectativas por una
parte importante de la población que brindó su confianza a través del ejercicio
democrático del sufragio. En esta atmósfera de cambio, organizaciones
internacionales en materia de derechos humanos realizaron una serie de recomendaciones.
Por ejemplo, Amnistía Internacional recomendó trabajar para una sociedad segura
y el estado de derecho; fortalecer la procuración de justicia; la lucha de
violencia de género contra la mujer y las niñas; personas defensoras de los
derechos humanos; migración y refugio; derechos de los pueblos indígenas y la
política exterior en materia de derechos humanos.
Sin
embargo, la crisis de los derechos humanos continúa en México. En lo que va del
sexenio de López Obrador van más de 20,000 desaparecidos, política migratoria
contraria a los derechos humanos; las agresiones que se han dado en estados como Quintana Roo, Guanajuato,
Jalisco o Tamaulipas, en la cual integrantes del Ejército, de la Guardia
Nacional y policías tanto estatales como municipales siguen utilizando el uso
de la fuerza de manera letal. Bajo la percepción de muchos, la impunidad sigue
dándose ya que las autoridades (fiscalía general) no han esclarecidos los casos
del incendio de la guardería ABC, la matanza de Tlatlaya, la desaparición de
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el espionaje de Pegasus, etc.
En
materia indigenista, López
Obrador creó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Muchos consideran que en
la actualidad la CNDH va en retroceso, recordando la toma de las instalaciones por mujeres
activistas y familiares de víctimas de violencia es un reflejo más del muy
limitado impacto tanto de éste como de los organismos estatales de defensa de
los derechos humanos.
Estableciendo algunos rasgos fundamentales de las
administraciones de gobiernos del Estado mexicano en los diferentes sexenios, a
partir de los cambios sustanciales internacionales que coadyuvaron a que se
iniciaran avances a lo interno del país, queremos realizar o plantear como se
desarrolla la relación Estado-sociedad-derecho en la cual se garanticen los
derechos humanos. Queda claro que a pesar de los esfuerzos en política exterior
y en el ordenamiento jurídico interno, se hace necesarios que las personas
naturales o jurídicas conozcan sus derechos para poder reclamarlos cuando los
mismos sean violentados por las autoridades del Estado.
Son los Estados los que se obligan o vinculan en
función de ese Derecho Internacional que hemos venido desarrollando y que busca
respetar, proteger y promover los derechos humanos, por lo que estos no pueden
interferir ni limitarlos. La sociedad es cambiante, dinámica y debe estar
informada y preparada, es decir, debe conocer los instrumentos internacionales con
los cuales se les garantizan derechos humanos y/o fundamentales para que los
mismos sean garantizados y sostenidos en el tiempo. Con base a ello, las
autoridades, deberán informar y educar sobre los derechos humanos, desarrollar
valores y tomar las medidas pertinentes para defenderlos, esto con el firme
propósito de proteger la dignidad de todos los individuos y todas las individuas
(hombres y mujeres) y que cada uno de nosotros y nosotras podamos vivir en
sociedad, relacionándonos con el Estado, cumpliendo con nuestras obligaciones y
que este cumpla las suyas, en esa relación sinérgica.
En este momento debemos preguntarnos con base a lo
señalado anteriormente: ¿Qué hace el Estado, la sociedad, el individuo y el Derecho
como ciencia, para contribuir al desarrollo de esa relación sinérgica y para
seguir reconociéndole a los pueblos originarios y/o indígenas, sus derechos? a
sabiendas que están los instrumentos vinculantes, que se han emitido a nivel nacional e
internacional, las diversas recomendaciones, la jurisprudencia de la Corte IDH
y de la CNDH, incluso la disponibilidad de manuales de buenas prácticas sobre derechos
humanos.
El Estado debe cumplir con su rol dentro de los
fundamentos de su política local, nacional y exterior. Para ello, debe diseñar
y desarrollar las políticas públicas de interés social particularmente
enfocadas hacia grupos étnicos vulnerables y orientadas a la generación de
proyectos de impacto en estas áreas de protección y promoción de los derechos
humanos.
En este
contexto, abordaremos el tema referente a las comunidades indígenas en el
Estado mexicano y resaltando que durante los sexenios que revisamos (su
política en materia de derechos humanos), los enfoques no fueron dirigidos
hacia estos sectores con soluciones duraderas. No obstante, los graves escollos
estructurales del propio Estado mexicano aunado a otros problemas (como el
narcotráfico, el crimen organizado, etc.) han puesto en una olla de presión a temática
de las comunidades y pueblos indígenas.
El pueblo (del latín populus) es un conjunto de
personas que se consideran de un grupo social particular, es decir, de un mismo
grupo étnico o de una misma nación en una región, en la cual estas personas
constituyen una comunidad que comparte una cultura similar, pero también se
puede entender como el lugar físico sobre el cual se establecen y en la cual no
existen privilegios de raza, sexualidad, religión, estatus económico o social.
A
través de los instrumentos internacionales -infra descritos-, en materia de poblaciones
indígenas[36]-
las reformas suscitadas en 2011 otorgaron primacía a los Tratados
internacionales en materia de derechos humanos y a la Constitución de la
república. Así también en el artículo 1 constitucional, los derechos de los
pueblos y personas indígenas se fortalecen, a la vez que se establece el
derecho a la no discriminación por motivos de origen étnico o nacional, se
dispone que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, con
el reconocimiento de las garantías para su protección.
En el artículo 2 constitucional de 2001 señala que en
México existe una composición pluricultural que se sustenta en sus pueblos
indígenas, es decir los que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas; definiendo que son comunidades integrantes de un pueblo indígena
“aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio
y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.
Tanto los instrumentos internacionales, a través del
desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como la propia
Constitución, consagran los derechos fundamentales los cuales han ampliado nuestra visión en la protección
y defensa de las poblaciones originarias, respetando los principios básicos
como la universalidad, la interdependencia, la progresividad y la
indivisibilidad de estos; a la vez que conociendo, esgrimiendo, internalizando
y reconociendo las poblaciones indígenas, para poder ir avanzando.
En
importante tener presente los instrumentos nacionales e internacionales que
México ha suscrito en el ámbito de proteger y promover los derechos de los
grupos indígenas, entre los que podemos mencionar:
Instrumentos
nacionales:
1.
Constitución
Política en su artículo 2° reconoce y garantiza los derechos de los pueblos y
las comunidades originarias a la libre determinación y a su autonomía, en la
cual se preserve sus tradiciones, costumbres y cultura. También establece el
acceso a la propiedad y a la tenencia de la tierra y a los recursos naturales.
2.
La
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
que tiene como finalidad promover la igualdad de oportunidades y determinar
políticas públicas en colaboración con los pueblos indígenas.
3.
La
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que protege y
promueve el uso y desarrollo de las lenguas indígenas garantizando su
preservación y fomentando la educación bilingüe e intercultural.
Instrumentos internacionales:
1.
La
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(2007) que reconoce los derechos básicos de los pueblos indígenas como la libre
determinación, la igualdad, la no discriminación, la integridad cultural, la
tierra, el territorio, los recursos naturales, el autogobierno y el
consentimiento previo, libre e informado.
2.
El
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes No.169 (1989) considerado un tratado avanzado,
dedicado a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Aborda los
temas relacionados con la admisnitración de justicia y el derecho
consuetudinario indígena, el derecho a la consulta y a la participación, el
derecho a la tierra, territorio y recursos naturales; derechos sociales y
laborales; educación bilingüe y cooperación transfronteriza. Importante hay que
señalar que en el caso que nos ocupa, México firmó el Convenio 169 en 1990, y
en 1992 el país se reconoció como una nación pluricultural que ello fue el
resultado de la reforma constitucional al artículo2.
3.
El
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (1966) en el cual el
Comité de Derechos Humanos emitió disposiciones en el contexto específico de
los pueblos indígenas incluyendo el derecho a la libre determinación y los
derechos de las minorías nacionales, étnicas y lingüísticas.
4.
El
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) en
el cual el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el
responsable de supervisar la implementación del Pacto, aplicando en el contexto
de los pueblos indígenas el derecho a la vivienda, el derecho a la
alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al
agua y los derechos de propiedad intelectual.
Dicho lo anterior, conlleva a que podamos explicar de
una manera atinada que la defensa de los derechos humanos en México se realiza
por dos vías reconocidas:
1.
La vía jurisdiccional:
En México en la vía jurisdiccional, las autoridades
ven y analizan las demandas que se presenten por presuntas violaciones a los
derechos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo
órgano que se encarga de dirimir en materia de derechos humanos, teniendo en
consideración que la Constitución mexicana establece tres medios de defensa: el
juicio de amparo[37], las
acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. A través
de estos medios jurisdiccionales se protegen los derechos fundamentales.
2.
La vía no jurisdiccional:
Esta otra vía, la no jurisdiccional, es la que les
brinda protección a los individuos en materia de derechos humanos a través de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por otra parte las Comisiones
de Derechos Humanos de las 32 entidades federativas.
El Sistema de Protección No Jurisdiccional de México,
es considerado el más grande del mundo, formado por otras instituciones especializadas,
que se encargan de la protección de los derechos humanos, entre las que podemos
mencionar la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Procuraduría
Agraria, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; que se
encargan de realizar la promoción, difusión y divulgación de la protección a
los derechos humanos.
Así
la figura del Ombudsman, (sin posean autonomía autonomía);
aunado con las treinta y tres (33) instancias (treinta y un (31) estados de la
Federación, un (1) la Ciudad de México -antes Distrito Federal- y la CNDH),
conforman la red denominada Sistema de Protección No Jurisdiccional.
La CNDH como sujeto legitimado tiene entre sus facultades
presentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación[38], a la
vez ejerce competencia en asuntos laborales debido a la introducción de la
cláusula antidiscriminación; sobre el acoso laboral mejor conocido como
“mobbing”; de facultad investigadora de violaciones graves a derechos humanos.
Estas instancias -jurisdiccionales y no
jurisdiccionales- constituyen un apoyo muy importante en la obligación de protección de
los derechos fundamentales de los ciudadanos que todo Estado constitucional y
democrático tiene que garantizar.
Situación
de los indígenas
Los Estados Unidos Mexicanos, un país de gran tamaño,
con una extensión territorial en la actualidad de 1,964,375 km2 (de
los cuales 1,959,248 km2 son superficie continental y
5,127 km2 son superficie insular) y según los datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el último censo de
2020, la población total en México fue de 126,014,024 habitantes[39],
de los cuales la población total en hogares indígenas se calculó según la data
en 11,800,247 personas, lo que equivale
a 9.4 % de la población total del país; 51.1 % de la población en hogares
indígenas eran mujeres y 48.9 %, hombres. La relación entre hombres y mujeres
indicó que había más mujeres que hombres (96 hombres por cada 100 mujeres). El
cociente nacional era de 95 hombres por cada 100 mujeres
Otro dato curioso en México es que son 68 pueblos
indígenas los que habitan el territorio y cada uno de ellos habla una lengua
originaria propia que a su vez están organizadas en 11 familias lingüísticas y
se derivan 364 variantes dialectales
De importancia hay que señalar que México es Estado
parte del Convenio 169 de la OIT a la vez que constitucionalmente hablando es
una nación pluricultural, las comunidades indígenas siguen siendo las más
vulnerables ante la situación de desigualdad. Los datos aportados por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), hacen
referencia que el 69.5% de la población indígena, 8.4 millones de personas,
experimenta una situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4 millones de personas, de
pobreza extrema. Por otro lado, se señala que el 43% de los hablantes de alguna
lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se
desempeña en trabajos manuales de baja calificación
En referencia a la situación de la mujer indígena,
según el INEGI (Censo 2020), podemos señalar los apuntamientos realizados por el Consejo Nacional
de Población (CONAPO) expresó:
a)
Habitaban cerca de 6.4 millones de mujeres,
lo que indica que, una
de cada diez (9.9%) mujeres en el país pertenecía a un hogar indígena.
b)
Las mujeres hablantes de lengua
indígena tenían en promedio 2.85 hijas(os) y las mujeres en hogares indígenas,
2.51 hijas(os).
c)
El 5.8%
de las mujeres en hogares indígenas tenía alguna discapacidad y/o
condición mental.
d)
El 20% de las mujeres de 15 años y más residentes
en hogares indígenas no sabía leer ni escribir.
e)
El 8.6% de las mujeres de 6 a 14 años en hogares
indígenas no asistía a la escuela
f)
El 42% de las mujeres de 25 años y más en hogares indígenas
no había concluido ningún nivel educativo (el 20.6% terminó la
primaria, el 20.6% contaba con secundaria; el 10.6% había finalizado algún
nivel de educación media superior y sólo 6.2% contaba con educación superior).
g)
El 21.3% de las mujeres en hogares
indígenas no contaba con afiliación a ningún servicio de salud.
h)
El 32.0% de las mujeres en los
hogares indígenas de 15 años y más se encontraba económicamente activa,
en contraste, el 76.2% por ciento de los hombres.
i)
La principal ocupación de las
mujeres indígenas se sitúa como trabajadoras en actividades elementales y de
apoyo (27.2% eran vendedoras ambulantes, trabajadoras domésticas o trabajadoras
de apoyo en actividades agropecuarias y en otros sectores)
j)
Sólo el 11.5% eran profesionista o
técnicas. Solo el 1.1% eran funcionarias, directoras o jefas
Los pueblos indígenas en México son uno de los
sectores que demanda mayor atención para su desarrollo económico, político,
social y cultural; un trato digno y sin discriminación. Las comunidades
originarias siguen siendo las más vulnerables ante la desigualdad y la pobreza
por ello urgen acciones y políticas públicas holísticas que se enmarquen en las
diversas recomendaciones que se han realizado a través de las organizaciones y
organismos internacionales (plano internacional) y a nivel de la CNDH (plano
nacional). Lo cierto es que estas acciones deben ser asertivas y dentro de los
enfoques de derechos humanos, de género y dentro de los parámetros de la
interculturalidad.
Entender el interculturalismo como la interacción
entre grupos y personas que pertenecen a culturas distinta, basadas en el
respeto, en condiciones de igualdad, aceptando que todos gocemos de dignidad,
su valor individual sea reconocido y aceptando también que el otro es
diferente, tiene derecho a su diversidad. Con ello, estaremos caminando por los senderos
fortalecidos de las democracias, a través del pluralismo y de esa manera poder
seguir construyendo sociedades fuertes. La democracia supone el respeto, la
justicia, el combate contra la discriminación y el racismo. Resulta
imprescindible educar dentro de la interculturalidad para crear más conciencia
y construir una verdadera democracia.
La vulnerabilidad de los grupos indígenas se perpetúa
cuando no se les toma en cuenta en las decisiones del Estado, lo que estaría
violentando primero la convivencia en paz con los diversos pueblos, cuando no
se respeta sus modos de vidas, su cosmovisión y lo que es aún peor no se le
reconoce sus derechos. En muchas
ocasiones las intransigencias de los gobiernos o la no comprensión de la
dinámica de comportamiento y vida de los pueblos indígenas, crean crisis que
han conducido al Estado mexicano por caminos escabrosos que ponen en dudas la
existencia de la justicia, el respeto a los derechos individuales y colectivos
y por ende tiende a distorsionarse la democracia.
Independiente de posiciones políticas, hoy existen
temas que vulneran los derechos de las comunidades indígenas, porque hay
quienes creen que llevar a las mismas megas proyectos -dentro de sus tierras- sin
las consultas pertinentes podría hacer explotar la dinámica social de estas
comunidades debido a la imposición de políticas no consultadas con las propias
comunidades y sus autoridades representativas, que pueden generar en grave
crisis de tierras o incluso en un conflicto armado[40].
En ocasiones los megaproyectos podrían desplazar a los pueblos indígenas, a la vez
despojarles de su territorio y de sus recursos naturales, y casi nunca resultan
beneficiados por los referidos proyectos. Reconocer la existencia de los
pueblos y comunidades indígenas, representa respeto a sus formas de vida.
Agenda
2030
En septiembre de 2015, en el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)[41],
se celebró la Cumbre de Desarrollo Sostenible (del 25
al 27 de septiembre), en la sede de la ONU, en la cual 193 Estados miembros,
proclamaron la Agenda sobre Desarrollo Sostenible, conocida como La Agenda 2030
(A2030) de desarrollo humano y desarrollo sostenible y con la vocación de
construir un modelo de desarrollo que garantice el bienestar de las personas y
la sostenibilidad del planeta. En ella se
abordan temas como el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, el cuidado
del planeta, entre otros, que las anteriores agendas, les dieron poco aprecio o
que simplemente no consideraron y sería la guía de referencia y de trabajo para
los próximos años, 2015-2030
Los ODS de la A2030 son complejos y se enfrentan a
dificultades, plantean construir un mejor planeta para las futuras
generaciones; no poseen un proceso definido porque se encuentra en construcción
con diversas ayudas y diversas visiones que incorpora contradicciones e
incoherencias pero que también tienen potencialidades; contiene diferentes
enfoques y diversos intereses.
La A20230 desarrolla un principio de integralidad en
donde todos los ODS deben estar interrelacionados, ya que uno afecta al otro y
se necesita coherencia de las políticas con el desarrollo; contiene una agenda
de gobernanza global de desarrollo. Se basa en el principio de universalidad en la cual todos los
países tienen que revisar su propio modelo de desarrollo global; incorporar
nuevos objetivos y con mayor alcance; llaman a una acción multinivel, en la
cual participan diferentes actores que abordan diversos procesos de reflexión,
plantean una lógica multidimensional del desarrollo, tomando en consideración
la dimensión económica, social, ambiental y política (enfoques de la
sostenibilidad[42]).
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
interactúan en diferentes dimensiones conocidas como las 5 P: personas, planeta, prosperidad, paz y partnership (alianzas),
en la cual se imponen retos que giran en torno a la gobernanza (rural, local,
nacional e internacional; ambiental, financiera, etc.) y por ende al
cumplimiento de los ODS mediante el desarrollo de políticas diversas a través
de la Cooperación Internacional para que pueda darse coordinación y
flexibilidad entre ellos.
La temática de los pueblos indígenas en el desarrollo
de los ODS conlleva a plantearnos las maneras en que se debe fomentar la
visibilidad de estos en los datos y la revisión de la Agenda 2030 para garantizar
la participación de los pueblos indígenas en la implementación, el seguimiento
y la revisión de los objetivos se pueden realzar los aportes necesarios al
desarrollo de los planes de acción, seguimientos y revisiones nacionales. No
dejar a nadie atrás -lema d elos ODS-, incorporar a nuestras comunidades
indígenas al desarrollo nacional, se hace prioritario. Los ODS deben trabajarse
desde lo local (es decir en el seno y núcleo de las comunidades indígenas) para
poder garantizar su éxito.
El ODS 16 plantea los temas de
paz, justicia e instituciones fuertes, está encaminado a promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear instituciones sólidas, responsables e
inclusivas a todos los niveles con especial énfasis en la lucha contra la
corrupción.
Así también, la agenda global estableció metas: 16.5
(Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas),
16.6 (Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas), 16.8 (Ampliar y fortalecer la participación de los países en
desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial) y la 16.a (Fortalecer
las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación
internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en
desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la
delincuencia).
En México, en el marco de la Ley Nacional del Sistema
Anticorrupción (18 de julio de 2016) y en lo relativo a las comunidades
indígenas, se estableció:
1.
El convenio de colaboración que contempla mecanismos y acciones
conjuntas en materia de capacitación a servidores públicos de los pueblos y
comunidades para fortalecer la contraloría social comunitaria, el combate a la
corrupción, la transparencia y rendición de cuentas.
2.
Temas
respecto a derechos de autor, autonomía, organización de talleres, seminarios y
conferencias.
3.
Realización
de acciones positivas en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano,
en materia de servicios profesional de carrera y seguridad social.
La
población de las comunidades indígena en México enfrenta muchos retos y desafíos
para que puedan desarrollarse dentro de su cosmovisión, alcanzar calidad de vida
y crecimiento económico. Entre los diversos desafíos a los que se enfrentan podemos
mencionar la situación de la pobreza, el tema de la carencia en el acceso a la alimentación,
trabajar hacia más avances en la educación, seguir exigiendo el respeto por la dignidad
y los derechos humanos de todos y todas.
Conclusiones:
Los
cambios que se produjeron a partir de la Segunda Guerra Mundial, durante y
después de la Guerra Fría, imponen nuevos escenarios en la sociedad
internacional ya que produjeron una ruptura del estatus quo (de la unipolaridad
a la bipolaridad, luego a la multipolaridad y a la interdependencia).
Como
producto de los horrores de los grandes conflictos mundiales y los cambios
descritos anteriormente, se impulsó el desarrollo, la protección, la promoción
y defensa de los derechos humanos a lo largo de la historiografía en los
diversos escenarios: global (con la creación del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos/ONU) y los regionales (en el caso de
América, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos/OEA).
En los
sistemas de protección y defensa de los derechos humanos (global y regionalmente),
se desarrollarán y crearán instrumentos e instituciones de promoción, defensa y
protección de los derechos humanos y que han sido suscrito por los Estados,
generando vinculación y por ende compromisos de cumplimiento (Convención de
Viena sobre Tratados de 1959, pacta sunt servanda).
El desarrollo del derecho internacional en
el ámbito de los derechos humanos, en conjunto con la política internacional y
la política exterior de los Estados, se han adoptado a través de los
ordenamientos jurídicos internos en los países para su implementación y/o
ejecución.
En los
instrumentos internacionales se va a introducir el tema de los grupos y
comunidades indígenas producto de la indiferencia de años de gobiernos, en los
cuales las violaciones a sus derechos y el no reconocimiento de sus identidades
han sido desastrosas para el desarrollo de sus pueblos.
En el
caso preciso de México, abordamos historiográficamente hablando, los sexenios
en donde se empieza a considerar con un poco más de apertura sobre los derechos
humanos e inicios de la protección de estos. Además de las crisis que se
produjeron, las desapariciones y las violaciones en diversas materias para
luego abordar el tema de las comunidades indígenas.
En la
revisión bibliografía realizada para poder cumplir con esta asignación,
analizando, eligiendo y seccionando cada uno de los documentos, nos quedaba la
siguiente duda: ¿si a otras poblaciones (no indígenas) se les han violentando
todos los derechos, empezando por el mayor bien jurídico tutelado como es la
vida, qué podemos esperar de las comunidades apartadas por años, como lo son
las indígenas en donde las políticas públicas orientadas en enfoques (derechos
humanos, género e interculturalidad), no tienen el alcance suficiente en la
mayoría de las ocasiones?
Los
compromisos del Estado mexicano son muchos en función de que es signatario de
muchos tratados y convenciones, adquiriendo obligaciones para que ejerza y haga
cumplir las leyes y reglamentos, que se haga justicia y que siga luchando
contra la impunidad ya que son aristas importantes para la existencia del
estado de derecho y por ende de la democracia.
En esa
política internacional se desarrolla el tema de los OSD, un compromiso (aunque
no obligatorio) que forma parte de ese soft power y que genera amplia
cooperación internacional en diversas áreas para la implementación de estos y
el logro de las metas impuestas.
Es un
compromiso de todos los habitantes de México nunca dejar de reclamar los
derechos que consideren vulnerados y ante la ineficiencia o la desidia de las
autoridades, agotadas las vías en el país, accionar a las instancias
internacionales.
Las
políticas públicas que genere y quiera desarrollar el Estado, deben hacerse
respetando la cosmovisión de las comunidades indígenas dentro de su derecho
particular y colectivo.
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[1] El régimen
autoritario priista estaba liderado para el año de 1968 por Gustavo Días Ordaz
(1911-1979), quien estudió derecho en la Universidad Autónoma de Puebla y su
candidatura a presidente de los Estados Unidos Mexicanos había sido apoyada por
el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución
Mexicana (PARM) en mayo de 1964. Díaz Ordaz en su sexenio llevó a cabo una
política de desarrollo del Estado. En materia económica podemos mencionar que
el producto interno bruto mexicano (PIB) creció al 6,8%, ordenó la cancelación
de concesiones para la exploración petrolera, se estableció el área de mar
territorial en 12 millas náuticas, se creó el Instituto Mexicano del Petróleo.
En lo relativo a las obras de infraestructura, se construyeron la presa de la
Amistad en Coahuila, la Torre de Telecomunicaciones del Distrito Federal, la
infraestructura olímpica para la realización de las XIX Olimpiadas en México
(incluía: Villa Olímpica, el Palacio de Deportes, la Alberca Olímpica, el
Velódromo, la Sala de Armas, el Polígono de Tiro, el Canal de Remo y Canotaje,
el Muelle de Regatas, etc.); el Metro desde la Glorieta de Chapultepec hasta la
Calzada Ignacio Zaragoza (línea 1 del metro). En su administración, México se
adhirió al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pese a sus obras y la
estabilidad económica, su gobierno se caracterizó por la represión y la
censura: Censuró diarios, revistas y libros como fue el caso de Oscar Lewis con
su obra “Los hijos de Sánchez” que se refería a la marginación que se vivía en
México; represión del movimiento de médicos en noviembre de 1964 (médicos
residentes e internos del Hospital 20 de noviembre del ISSSTE reclamaron el
pago de aguinaldos atrasados y 206 de ellos fueron despedidos. En lo relativo a
movimientos estudiantiles, el 2 de octubre de 1966, los sucesos de Tlatelolco
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, una
protesta contra el alza del transporte público. En 1965 se produce el primer
ataque guerrillero en México, al cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua. Los
atacantes fueron ejecutados y los sobrevivientes formaron el movimiento
conocido como la Liga Comunista 23 de septiembre. En Guerrero los maestros
normalistas de Ayotzinapa: Genaro Vásquez y Lucio Cabañas, se levantaban en
armas. En este contexto iniciaba la guerra sucia.
[2]
Panista: que proviene de las filas del Partido Acción Nacional. Es un partido
político mexicano de derecha, cristiano, de doctrina política conservadora,
afín a las ideas de la democracia cristiana. Sus estatutos establecen que su
posición ideológica es el humanismo cristiano.
[3]
Vicente Fox, empresario y político mexicano que
se desempeñó como presidente de los Estados Unidos Mexicanos desde el 1 de
diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006. Se convirtió en el primer
presidente panista luego de setenta años del predominio priista (Partido
Revolucionario Institucional).
[4] Felipe
Calderón, presidente
de los Estados Unidos Mexicanos desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de
noviembre de 2012. Fue miembro del Partido Acción Nacional (PAN) durante
treinta años antes de abandonarlo en noviembre de 2018. Durante su sexenio el país estaba inmerso en violencia generalizada por la lucha que implementó contra los carteles del narcotráfico.
[5]
Globalización
es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso
tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el
mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros.
[6] Mary
Kaldor considera que las nuevas fuerzas políticas internacionales que empiezan
a competir con el Estado están relacionadas con “los movimientos sociales
globales, las ONG internacionales (ONGI), las redes de abogacía transnacionales
y las organizaciones de sociedad civil entre otras”
[7]
Entiéndase por política exterior como el conjunto de decisiones, políticas y acciones que
conforman una política pública del Estado, cuyo objetivo es representar los
intereses nacionales de ese Estado frente a los otros Estados y demás sujetos
de derecho internacional. La política exterior siempre se relaciona y se define
en función de las políticas nacionales (intereses nacionales).
[8] Resulta prudente mencionar, que, en la
actualidad, en América Latina, 15 Estados han incluido y mencionan en sus
objetivos de política exterior el tema concerniente a los derechos humanos y
ello se puede constatar en las páginas web de sus respectivas cancillerías.
Estados como Cuba, Nicaragua y Venezuela son los tres países latinoamericanos
que no incluyen a los derechos humanos como objetivo de sus políticas
exteriores (CADAL, 2019) .
[9] Podemos mencionar como ejemplo, los instrumentos
universales en materia de derechos humanos, que las Naciones Unidas los han
reunido en el tema referente a los
Derechos de los pueblos indígenas y de las minorías, como son la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre
pueblos indígenas y tribales, 1989
y la Declaración
sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o
étnicas, religiosas y lingüísticas.
[10] Los
pactos deben cumplirse. Todo lo convenido verbalmente o por escrito una vez
probado el concierto de voluntades, debe cumplirse.
[11] La
Organización de las Naciones Unidas tiene un carácter global. Fue creada
mediante la Carta constitutiva en San Francisco, Estados Unidos de América en
1945, luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Tiene como
objetivos específicos preservar la paz y la seguridad internacional. Todos los
24 de octubre, se celebra su aniversario de creación. Está integrada por seis
órganos principales: la Asamblea General, el secretario general, el Consejo de
Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración
Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia.
[12] Las consecuencias de las revoluciones de otoño de 1989
como fue la caída del Muro de Berlín, las revoluciones cantadas, la revolución
de terciopelo, posteriormente la desintegración de la U.R.S.S., la guerra en
los Balcanes, el genocidio en Ruanda y Yemen, etc., la globalización y la
apertura de los mercados, multipolaridad económica, el nuevo orden, produjeron
cambios sustantivos en el statu quo del sistema internacional.
[13] Corte
Penal Internacional (CPI) creada mediante el Estatuto de Roma de1998.
[14]
Durante los años 60 en México se gestaban transformaciones dinámicas. Desde un
punto de vista sociocultural, los jóvenes y las mujeres fueron los
protagonistas de esas transformaciones y enarbolaron las banderas en contra del
autoritarismo y de la violencia institucionalizada. En este escenario se
produciría el movimiento de 1968, el cual fue un movimiento estudiantil de
carácter social en donde participaron estudiantes universitarios de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), preparatorias y vocacionales, profesores, obreros, amas de
casa, sindicatos e intelectuales tanto de la ciudad de México como del interior
del país.
El 2 de octubre de 1968,
en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco,
en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas.
Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la
humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes
a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias
e ilegales que se realizaron durante este período, y por la planificación
detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que
participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese
movimiento quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio.
La masacre fue cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar
Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este
batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de
México, Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) aludiendo que su función era custodiar
las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a
diversas investigaciones, medios y testimonios: Aquel día el ejército y el
Batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha
la “Operación Galeana” con el fin de detener a los miembros del Consejo
Nacional de Huelga (CNH), órgano de dirección colegiado, creado el 2 de agosto
de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes
de la UNAM, el IPN, El Colegio de México, la Escuela de Agricultura de
Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle (México),
Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y
otras universidades del interior de la república; los intentos de someter al CNH
derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses
habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas
del Estado, reclamando democracia
[15] En México,
los granaderos eran unidades de policía especializadas en tareas
antidisturbios y otras funciones de seguridad pública interior. Granaderos es el nombre que llevó el agrupamiento
desde su creación en 1939.
Todavía en 2010, en el Manual de Organización de
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que entonces
encabezaba Manuel Mondragón y Kalb, aparecían en la estructura orgánica de la
dependencia los agrupamientos de Granaderos Oriente y Poniente, lo que ya no
ocurre en la estructura hoy vigente
[16]
Sexenio de Carlos Salinas de Gortari se extendió desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el 30 de noviembre de
1994. Durante este período, el 10 de junio de 1990,
Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un tratado
de libre comercio, el 5 de febrero de 1991 inician las negociaciones del TLCAN,
por lo que el Acuerdo Comercial fue firmado por el presidente estadounidense
George H. W. Bush y entró en vigor el 1 de enero de 1994.
[17] Cabe
destacar que el antecedente en México es la Dirección de Derechos Humanos que
había sido creada el 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de
Gobernación.
[18] El 28
de enero de 1992 se publica en el Diario Oficial el Decreto de Reforma del
artículo 102 constitucional: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de los
Estados en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán organismos de
protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los
que conocerán de quejas en contra de actos y omisiones de naturaleza
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servicio público, con
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos
derechos. Formularán recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán
competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. El
organismo que establezca el Congreso de la Unión conocerá de las
inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos
y omisiones de los organismos equivalentes de los Estados.”
[19] El T-MEC es el
nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituye al
Tratado de Libre Comercio (TLCAN).
[20] El
ingreso de México a la OCDE se produjo el 18 de mayo de 1994 y se convirtió en el miembro
número 25 de la organización. Cabe señalar que esta organización es un
organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central se
encuentra en el Château de la Muette en París. Su misión es
promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas
alrededor del mundo. México fue el primer país latinoamericano en formar
parte de esta importante organización (Otros Estados latinoamericanos que
forman parte: Chile 7 de mayo de 2010, Colombia 28 de abril de 2020 y Costa
Rica 25 de mayo de 2021)
[21] El
sexenio de Ernesto Zedillo se extendió desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30
de noviembre de 2000.
[22] El
conflicto
chiapaneco fue el conflicto armado entre el Gobierno de México y la guerrilla
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Durante el sexenio
de Carlos
Salinas de Gortari y que se disponía a celebrar la entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (1° de enero de 1994), los insurgentes
del EZLN tomaron por las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas
(San Cristóbal de las Casa, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal).
Insurgentes que provenías de los pueblos tzeltal, tzotzil, chol y tojolabal,
todos ellos de la familia maya y demandaban trabajo, tierra, techo,
alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y
paz. Como respuesta, el gobierno federal envió al ejército a sofocar la
rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron 11 días. Se
establecieron las mesas de diálogo de San Andrés Larráinzar, las cuales se
mantuvieron durante el sexenio de Salinas y continuaron con el de Ernesto
Zedillo; sin embargo, los zapatistas rompieron el diálogo debido a la propuesta
de reformas constitucionales del gobierno federal, que no respetaba
comprometidos en los acuerdos de dichas mesas. Zedillo respondió con una nueva
ofensiva militar, se emitieron ordenes de aprehensión contra los dirigentes del
EZLN y el hostigamiento contra las comunidades zapatistas. La sociedad
mexicana, en apoyo a los zapatistas, rechazó las acciones violentas y se
manifestó inmediatamente a lo largo del territorio nacional en marchas y
movilizaciones exigiendo paz y diálogo, también a nivel internacional se generó
una intensa presión que se consolidó en la formación de organizaciones de
solidaridad con el movimiento zapatista principalmente en América, y Europa,
ocasionando que el gobierno mexicano diera marcha atrás parcialmente en las
agresiones. A la fecha desde el levantamiento del EZLN muchas de sus demandas
aún no han sido resueltas
[23] Desde 1993, se comenzó a documentar los primeros
homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta noviembre de
2009, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México a
reparar a las víctimas del caso "Campo Algodonero", la realidad
de las mujeres no mejoró sustancialmente durante esos casi 16 años; incluso
empeoró en la ciudad "más peligrosa del mundo". Esto ocurrió durante
los sexenios de los presidentes de la República mexicana, Durante los sexenios
de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Desde que comenzó la
denominada "Guerra contra el Narcotráfico", no sólo
miembros del crimen organizado u otros agentes privados son los perpetradores
de los asesinatos, violaciones sexuales, acosos y otras manifestaciones
discriminatorias hacia las mujeres en Chihuahua, sino también policías y
miembros del Ejército mexicano
[24]
Matanza de Acteal: En la mañana del 22
de diciembre de 1997, fueron masacradas 45 personas: 21 mujeres -cuatro de
ellas embarazadas- 15 niñas y niños, y 9 hombres. Las víctimas eran indígenas
tzotziles pertenecientes a una organización pacifista llamada Las Abejas. Al
momento de la agresión, los perpetradores dispararon contra una ermita en la
que aquellas se encontraban rezando por la paz en Chiapas.
[25]
Masacre de Aguas Blancas fue un crimen de Estado ocurrido el 28 de junio de 1995
cometido por la policía del estado mexicano de Guerrero en el vado de Aguas
Blancas Estaban a tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas. En esta
emboscada, 17 campesinos fueron asesinados; catorce heridos. Dos elementos
policiacos también resultaron lesionados, con heridas corto-contundentes
producidas por arma blanca.
[26] Sucedió el 7
de junio de 1998 en el municipio de
Ayutla, Guerrero, cuando en el poblado conocido como El Charco, once personas
murieron en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, así como cinco
resultaron heridos y veintidós detenidos. Entre los difuntos estaba Ricardo Zavala, un estudiante de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y algunos
guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), presentes en la
escuela estaban en una labor de propaganda, algo común que realizaba el grupo en algunos municipios.
[27]
Vicente Fox Quesada presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 1 de diciembre
de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006.
[28] En el
año 2002, al sancionar la “ley de transparencia”, el Congreso mexicano dio un
golpe potencialmente decisivo a la tradicional cultura del secreto con la cual
se manejaban los asuntos de estado.
[29] La
administración Fox ha resultado insuficiente ha sido sus iniciativas para
abordar otro legado del viejo régimen: la habitual subordinación del estado de
derecho a prácticas que se perciben como indispensables para mejorar la
seguridad pública.
[30] Desde
la Revolución Cubana 1 de enero de 1959, las relaciones con los gobiernos
priistas fueron satisfactorias y en los diversos escenarios y foros
internacionales, eran la voz del régimen cubano. El cambio de política exterior
que Fox le da al Estado mexicano -en ocasiones al borde del rompimiento de las
relaciones diplomáticas- estuvo caracterizada por la promoción de la democracia
y la defensa de los derechos humanos.
[31] Entre
los observadores se encontraron el Relator Especial de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados
(2001), el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (2001), la Relatora
Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (2002), dos personas expertas del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer (2003) y la Oficina de las Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito (2003). Diferentes ONGs internacionales,
entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Amnistía
Internacional, y el Grupo de Trabajo de América Latina.
[32] La
administración de Felipe Calderón se extendió desde el 1 de diciembre de 2006
hasta el 30 de noviembre de 2012. Surgido de las filas del Partido Acción
Nacional (PAN) que es un partido político mexicano de derecha, cristiano, de doctrina
política conservadora, afín a las ideas de la democracia cristiana. Sus
estatutos establecen que su posición ideológica es el humanismo cristiano.
[33] El
sexenio de Enrique Peña Nieto se extendió de 1 de diciembre de 2012 hasta el 30
de noviembre de 2018. Priista y ex gobernador del Estado de México. Su período
ha sido calificado por la Dra. Ivonne Acuña como perdido, para el Estado y la
sociedad mexicana, pero no para él y la élite que representaba.
[34]
Amnistía Internacional señaló que el legado de Peña Nieto se tradujo en cifras
y hechos escalofriantes: más de 37 mil personas desaparecidas – de estas, cerca
de 60%, desaparecieron en los últimos seis años de su administración-,
múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de
seguridad; y una práctica de la tortura generalizada, que incluye la tortura
sexual, como mecanismo común en el sistema de justicia. Los últimos dos años
han sido los más violentos en la historia reciente, con una media mensual de
más de dos mil homicidios dolosos; los feminicidios son una epidemia en todo el
territorio nacional; el país se ha convertido en uno de los más peligrosos del
mundo para personas defensoras de derechos humanos y periodistas; y la discriminación
y desigualdad siguen siendo flagelos que afectan a la mayoría de la población,
con la impunidad y la corrupción como la norma.
[35] Andrés
Manuel López Obrador, su sexenio se extiende desde el 1 de diciembre de 2018 y
culminará el 30 de noviembre de 2024. Llevado a la Presidencia de la República
por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Es un partido
político de hombres y mujeres que luchan por la transformación pacífica y
democrática del país.
[36] Los
instrumentos internacionales que abordan la temática de los pueblos originarios
y comunidades indígenas son: el Convenio
Número 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, que fue ratificado por 27
países (creado en el escenario de la OIT, 1957); el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (1966), en su artículo 27 señala que en los
Estados en que existan minorías étnicas no se les negará a los miembros de las
mismas, el derecho a tener su propia vida cultural, a profesar su propia
religión y a emplear su propio idioma; la Declaración sobre los Derechos de las
Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y
Lingüísticas (1992), establece que los Estados protegerán la existencia y la
identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías
dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la
promoción de esa identidad, entre ellas disfrutar su propia cultura; profesar y
practicar su propia religión, y utilizar su propio idioma, en privado y en
público, libremente y sin injerencias ni discriminación de ningún tipo; El
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes (27 de junio de 1989), que buscó romper con los contenidos
asistencialistas e integracionistas del Convenio 107 comentado antes; el
Convenio 169 de la OIT fue ratificado por México en 1990 y entró en vigor el 5
de septiembre de 1991 (es un instrumento vinculante); la Declaración de
Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (2007), no constituye un documento
jurídicamente vinculante, pero con fuerza moral y marcan los parámetros mínimos
para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, dentro de ellos los
relativos a la libre determinación, a la cultura propia, a la educación y a la
organización, al desarrollo y al trabajo, a la propiedad de la tierra, al
acceso a los recursos naturales de los territorios en los que se asientan y a
un ambiente sano, a la no discriminación y a la consulta libre e informada
sobre temas que los afecten, entre otros.
[37] Juicio
de amparo en México: es un procedimiento jurisdiccional de control judicial
regulado por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es un medio de control
de constitucionalidad, convencionalidad, dignidad humana y derechos humanos, al
tenor de la leyenda: "El amparo protege a las personas frente a normas
generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de
particulares en los casos señalados en la presente Ley.
[38] Por la
reforma a la Constitución al artículo 105, fracción 1 que facultó a los órganos
constitucionales autónomos para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, controversias constitucionales.
[39] México
ocupa el lugar #11 en población a nivel mundial.
[40] El
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha manifestado en el tema del
megaproyecto: Tren Maya que tendría 1,525km de extensión y que se desarrollaría
en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Una inversión entre 120
-150 mil millones de pesos mexicanos; que morirían como guardianes de la tierra
antes de permitirlo.
[41] Las
Organización de las Naciones Unidas (ONU) está integrada por 6 órganos
principales: La Asamblea General, el Secretario General, el Consejo Económico y
Social (ECOSOC), el Consejo de Administración Fiduciaria, el Consejo de
Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. Dentro del ECOSOC funcionó
desde 1946 la Comisión de Derechos Humanos que sería reemplazada en el 2006 por
el Consejo de Derechos Humanos. En este consejo se lleva gran parte de la
cooperación que se genera a través de los diversos Organismos Internacionales
que forman parte del Sistema de las Naciones Unidas.
[42] Buscar
una definición a un desarrollo multidimensional es acercarse a la definición
sobre desarrollo sostenible contenida en el Informe Brundtland (1987), cuando
señala que consiste en “Satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para
atender sus propias necesidades”. El referido informe es un informe que
enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico junto con el de
sustentabilidad ambiental. Fue realizado por la ex primera ministra noruega:
Harlem Brundtland y el objetivo era analizar, criticar y replantear las
políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual
avance social se estaba llevando a cabo a un costo medioambiental alto.
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