Actos de corrupción han quedado evidenciados y documentados en la historia. Corrupción es un vocablo griego (corruptio) que para Robert Klitgaard la define mediante la fórmula: C= M + A –T, en donde (C) es Corrupción, (M) Monopolio, (A) Arbitrariedad y (T) Transparencia. Cuanto menor es la Transparencia, mayor es la Corrupción.
La falta
de formación en valores; debilidades institucionales; desconocimiento legal;
exceso de regulaciones para desarrollar actividades productivas;
discrecionalidad en la aplicación de las normas, procedimientos o requisitos;
impunidad de los actos de corrupción; bajos salarios de los funcionarios;
programas insuficientes de estímulos y recompensas para el personal público;
insuficiente participación ciudadana en actividades de control y evaluación de
la gestión pública; falta de incentivos de capacitación, así como de promoción
como resultado de programas de formación; soborno internacional; falta de transparencia
en la gestión pública; son algunas de las causas que originan la corrupción.
Debido a los grandes problemas generados por el
flagelo de la corrupción, se han establecido acciones de carácter global e
interregional con el objeto de combatirla como han sido la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Combatir el Cohecho
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales;
la Recomendación Revisada del Consejo para la Represión del Cohecho y la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional. En el escenario regional, en América, la Convención
Interamericana Contra la Corrupción (CICC). Tanto la CNUCC y la CICC
identificaron y tipificaron conductas delictivas y dentro de la Administración
Pública panameña se realizaron ajustes al Código Penal en el 2008. En materia
de desarrollo, se promueve la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 2030 con el propósito de fortalecer esfuerzos y así poder contar con
instituciones fuertes que combatan el referido flagelo (ODS 16). Dentro de este
orden de ideas, el Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la CICC
(MESICIC), como instrumento de carácter intergubernamental, establecido en el
marco de la OEA, abordó en la última Reunión de las Américas, temas de Gobernabilidad
democrática frente a la corrupción con el fin de fortalecer acciones en
transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos
humanos, incluyendo la libertad de expresión; en el financiamiento de
organizaciones políticas y campañas electorales; en prevención de la corrupción
y compras públicas; en cooperación jurídica internacional, en combate al
cohecho, soborno internacional, crimen organizado, lavado de activos y
recuperación de activos y en el fortalecimiento de los mecanismos
interamericanos anticorrupción.
La comunidad internacional sensibilizada y
hastiada por el problema de la corrupción plantea 2 opciones para combatirla:
una la lege ferenda (necesidad de
contar con una nueva legislación sobre una materia) sobre la materia como lo
hizo en junio pasado, Colombia que propuso crear en el seno de las NU una Corte
Internacional en materia de delitos de corrupción con el objeto de gozar de una
alternativa político criminal contra el referido flagelo y que goce y se rija
por el principio de complementariedad y la segunda opción es que se logren
superar los obstáculos de la Corte Penal Internacional y que se modifique el Estatuto de Roma para que
la misma puede tener competencia. En esta última opción, manifestó la Global
Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) que hay que
reconocer los delitos de gran corrupción como delitos de lesa humanidad y desarrollar mecanismos
internacionales adicionales para aprender, judicializar, juzgar y
sentenciar a quienes hayan cometido delitos de gran corrupción, dejando claro
que la gran corrupción es inherentemente
inhumana ya que causa grandes sufrimientos y serias lesiones comparables y
de manera similar a los crímenes descritos en el artículo 7 del Estatuto de
Roma.
En nuestro país con el inicio de la vida en democracia, se
implementaron instituciones e instancias con la finalidad de combatir la
corrupción y de una u otra manera con el propósito de cumplir en materia
internacional los instrumentos de los cuales nos hicimos partes (Ley N°6 de 2002, el Código de Ética
del Servidor Público, el Tribunal y Fiscalías de
Cuentas, la Ley de Contrataciones Públicas, las
Fiscalías Anticorrupción, etc.); sin embargo, la corrupción ha ido en aumento,
identificándose un modelo de corrupción a gran escala y la misma parece estar institucionalizada en la cosa pública, por la cual a la vista de
los ciudadanos se da un sistema de prebendas y de intereses particulares en
beneficio de una minoría la cual es apadrinada y, en ocasiones, hasta
estimulada por el propio Estado cuando vemos que quedan impunes muchos de los
casos de corrupción.
El tema
de la corrupción es eminentemente cultural y la falta de educación en valores
que reina en muchos hogares y en el sector educativo, tal vez como consecuencia
de la desintegración familiar, la falta de tiempo, el compartir en familia y de
la eliminación de materias básicas en la formación de una vida social con
integridad. Muchos piensan que fue Odebrecht la que enraizó la corrupción en
nuestros países. La empresa solo aprovechó lo que encontró en cada país:
líderes políticos, empresarios y una sociedad corrupta. No hay una cultura de
la legalidad. Cuando en un Estado no hay cultura de la legalidad, la gente cree
que puede sobrepasar las reglas y que no le va a suceder nada.
Consideramos
que es necesario redoblar esfuerzos en materia de educación y formación.
Debemos trabajar en un modelo para
combatir la corrupción en Panamá, en el cual se reafirmen compromisos para un
verdadero pacto contra este flagelo, en donde la transparencia, la ética, los
valores, la decencia, el respeto y la justicia, prevalezcan, que no se tolere
la corrupción y que se luche contra la impunidad; para fortalecer así, la
democracia. Una iniciativa que cree conciencia en las personas sobre la
importancia de la denuncia ciudadana y que se promuevan en universidades
públicas y privadas, cátedras de ética y valores, de participación ciudadana y
de lucha contra la corrupción. La necesidad de trabajar en principios, valores
y ética, con el objeto de crear una cultura de cero tolerancia contra la
corrupción y de generar cambios trascendentales en los seres humanos; trabajar
desde lo local y de esa manera fortalecer nuestras instituciones.
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