Con el objeto de
poder cumplir la asignación programada dentro de la materia “La protección de
los derechos humanos de los indígenas y de los grupos vulnerables” dentro del
programa de estudio del Doctorado en Derechos Humanos, nos vemos encomiados en
preparar un ensayo que contenga dentro de su marco teórico, el desarrollo de la
transversalidad de los enfoques de género, de derechos humanos e
interculturalidad en la protección integral y defensa de los derechos humanos
de los pueblos y comunidades indígenas y los grupos en situación de
vulnerabilidad. Con los referidos enfoques, los instrumentos internacionales
surgidos con el fin de proteger la dignidad y los derechos humanos, así
garantizados tanto por el Sistema Universal de protección de los derechos
humanos y a través del Sistema Interamericano
de protección y defensa de los mismos; aunado al reacomodo a través de las
diversas modificaciones y/o reformas a la Carta Magna y al ordenamiento
jurídico interno -que han dado lugar a que se creen los necesarios parámetros
de control- y las tres (3) recomendaciones
generales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante CNDH):
27/2016 sobre el derecho a la consulta
previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana; el
35/2019 sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y
comunidades indígenas de la República Mexicana y el 36/2019 sobre la situación
de la población jornalera agrícola en México; se hace propicia la ocasión para identificar
con una clara apertura y propósito nuestro enfoque y poder ubicar la
especificidad a ensayar. Proponemos el
ensayo con el título “Política internacional y los derechos humanos: los
pueblos indígenas como grupo en vulnerabilidad. Caso mexicano” en el cual
se presentará y sustentará el tema de manera introductoria, se definirán los
conceptos apremiantes, el desarrollo dentro de la política internacional de los
derechos humanos y cómo esa relación producida entre el Estado, la sociedad y
el derecho, han hecho la lucha para ejecutar las políticas públicas holísticas dentro
de los pueblos indígenas en México con la finalidad de poder cumplir la agenda
global que se ha establecido y en beneficio de estos grupos en vulnerabilidad.
Estudio
introductorio: Resulta
de importancia abordar los temas inherentes a las Relaciones Internacionales, a
la política internacional y a la política exterior del Estado mexicano, ello
con la finalidad de poder crear un marco de referencia sobre lo que las mismas
son y representan en el estudio o el abordaje de los pueblos originarios o de
las comunidades indígenas.
Por otro lado, la
historiografía mexicana referente al tema de desarrollo de los derechos humanos
tardó en desarrollarse debido al propio sistema político que existía en México
caracterizado por la centralización férrea que mantenía y los actos de
represión[1] que se dirigían frente a
los movimientos de lucha y de reivindicación social. Prueba de ello fue el
movimiento estudiantil de 1968, duramente reprimido y que generó más de 300
muertes. La masacre fue cometida
por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de
una manifestación pacífica
En la década de los
noventa (’90) e inicios del nuevo milenio, durante los sexenios de los panistas[2] Vicente Fox[3] y de Felipe Calderón[4], el tema respecto a los
derechos humanos va a tomar fuerza y se va a iniciar una política de mayor
protección frente a los mismos; aunado a los cambios constitucionales que se
irán gestando debido al predominio y los alcances del derecho internacional de
los derechos humanos.
Desarrollo del
tema: Con la
transformación del Estado-Nación, los procesos globales[5], los nuevos enfoques de
las Relaciones Internacionales (en adelante RI), el surgimiento de la sociedad
civil internacional, la crisis del modelo capitalista neoliberal, el carácter
plurinacional y pluricultural del Estado-Nación
El Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)[9] se desarrolló para
promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional, regional y
nacional. Contine instrumentos internacionales imprescindibles (tratados en
materia de derechos humanos)[10], establece las
obligaciones que deben respetar los Estados (pacta sunt servanda[11]) y en su desarrollo se
han consolidado el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y los Sistemas Regionales de Protección de los Derechos
Humanos (Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos/OEA). Los
derechos humanos se sitúan en todo el Sistema de las Naciones Unidas[12] como tema transversal
para todas las políticas y los programas que se lleven a cabo dentro de áreas
como el desarrollo, la paz y la seguridad, la asistencia humanitaria, asuntos
económicos y sociales
En el caso preciso del Estado mexicano,
vemos como producto de esos supra citados cambios que se gestaban
(unipolaridad, promoción de las democracias, multipolaridad económica mundial
(acuerdos comerciales TLC y TLCUEM), nuevo orden mundial, la creación de una
corte penal[13]
con carácter permanente a nivel universal, la ratificación a nivel regional de
la Convención o del Pacto de San José, etc.), como factores externos, van a
influir tanto en el ordenamiento jurídico interno y en materia de política exterior (rediseños de objetivos), y
desde finales del siglo XX y los albores del XXI, el tema sobre derechos
humanos adquiere gran fuerza. Significaba un gran reto para México, poder
alinearse bajo estos estándares internacionales cuando por muchos años (más de
70) el PRI a toda costa evitaba la promoción de los derechos humanos tanto a
nivel local (nacional) como internacional y ejercieron el poder para dirigir al
Estado y a sus gobernados de manera centralizada y represiva contra movimientos
sociales. Señala Rafael Velásquez Flores que evitaba la promoción de los
derechos humanos en el ámbito global para impedir que otros actores externos
intervinieran en los asuntos del país y que, bajo el argumento del principio de
política exterior de no intervención, se imposibilitaba la presencia de
organismos promotores de derechos humanos en el territorio nacional
En la
década de los setenta y ochenta, México vivirá grave crisis económica,
violaciones a los derechos humanos (derecho a la dignidad, a la vida, civiles y
políticos, tortura[16],
desaparición forzada, etc.). Podemos citar como ejemplo, que, a finales de 1999, se realizó un
balance de las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) en torno al Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos, se
solicitó y obtuvo la colaboración de diversas Comisiones Estatales de Derechos
Humanos. Se recibieron 532 expedientes
de queja sobre desapariciones forzadas de personas durante la década de los 70
y principios de los años 80 (siglo XX), lo que posteriormente permitiría a la
CNDH emitir sus recomendaciones
Los cambios que se
gestaron en el escenario internacional van a generar a partir de los noventa
(final de la Guerra Fría, el inicio de la unipolaridad militar y de la
multipolaridad económica) que otros temas (urgentes) estén en las agendas de
los Estados. La lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen
organizado, el calentamiento global y el cambio climático, la pobreza, la
protección y defensa de los derechos humanos, etc. y a partir de aquí estos
temas estarían integrados en los objetivos de la política exterior de México y
de otros Estados.
Durante el sexenio de
Carlos Salinas de Gortari[17] se creó la figura de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)[18], creada el 06 de junio de
1990 (y su última reforma el 25 de junio de 2018)[19] con el objeto de promover
y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con sus obligaciones
de defender y respetar los derechos humanos constituyéndose como un Organismo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Hay quienes señalan que la CNDH
fue en respuesta a los constantes
abusos de las autoridades y luego del asesinato de la activista Norma Corona,
quien había documentado abusos cometidos por la Policía Judicial
No obstante, durante
la administración de Ernesto Zedillo[22] habrá algunos avances y
muchos desaciertos en materia de derechos humanos. La
campaña de amenazas y acoso contra los defensores de derechos humanos, la
guerra de baja intensidad que se desarrolló en Chiapas y sus repercusiones en
otras regiones del país, los homicidios y matanzas en el estado de Guerrero, el
amago y los secuestros de periodistas críticos, el acoso militar en las
comunidades indígenas, la impunidad que prevaleció en la mayoría de los casos
de violación a los derechos humanos y las reformas penales que pusieron en
riesgo el régimen de garantías individuales en México
Llegaba a la presidencia Vicente Fox[28] y
se ponía fin a siete décadas de dominación priista (partido único) y se
iniciaban cambios sustanciales que eran exigidos por la sociedad en asuntos de
transparencia[29] y de rendición de cuentas[30] y
tratar de poner fin a ese legado de autoritarismo enquistado en la sociedad.
Siguiendo esos estándares de la política internacional en su Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006 se planteó como objetivo prioritario el tema de los
derechos humanos. México implementa cambios radicales en su política exterior
(política pública) y un ejemplo de ello fue el rechazo al principio de no
injerencia en los asuntos internos de los estados[31].
Rechazaba de plano la política exterior que por décadas habían seguido sus
antecesores. Esto ya podríamos establecerlo como un logro de su administración
desde la observancia y práctica en materia de los derechos humanos en la
región, a la vez que se comprometía en las más elevadas esferas internacionales
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) a colaborar
para evaluar y mejorar las prácticas en materia de derechos humanos, compromiso
que caló profundamente cuando en foros multilaterales se comprometía a que
México no invocaría la soberanía nacional para limitar la observancia
internacional de los derechos humanos, ya que reconocían que estos son valores
universales y absolutos
Durante el sexenio de
Felipe Calderón[33]
la política exterior entre 2006-2012 continuó con la política de apertura y
siguió adquiriendo compromisos internacionales vinculantes en temas de derechos
humanos, celebrando acuerdos y tratados internacionales. Como un ejemplo de
ello, podemos mencionar que entre el 2007 y el 2011 se produjo la firma y
posterior ratificación de la Convención Internacional para la Protección de
todas las Personas Contra la Desaparición Forzada
La administración de Enrique Peña Nieto[34],
significó el retorno del PRI luego de dos sexenios panistas. México seguía
participando de los foros internacionales sobre derechos humanos, se mantenía
la invitación a los organismos internacionales para que visitaran el país, los
cuales emitieron informes sobre la situación de derechos humanos. Por otro
lado, en el período entre 2013 y 2017, la Corte IDH emitía cuatro sentencias
condenatorias contra el Estado mexicano.
Es la segunda gestión federal en la que más se han violentado las
garantías ciudadanas. En los cinco años de su administración, 257 autoridades
recibieron exhortos por violaciones a los derechos humanos
Andrés Manuel López
Obrador[36] iniciaba su período el 1
de diciembre de 2018, con grandes expectativas por una parte importante de la
población que brindó su confianza a través del ejercicio democrático (sufragio).
En esta atmósfera de cambio, organizaciones internacionales en materia de
derechos humanos realizaron una serie de recomendaciones. Por ejemplo, Amnistía
Internacional hacía recomendaciones sobre: sociedad segura y estado de derecho;
fortalecer la procuración de justicia; la lucha de violencia de género contra
la mujer y las niñas; personas defensoras de los derechos humanos; migración y
refugio; derechos de los pueblos indígenas y la política exterior en materia de
derechos humanos. La crisis de los derechos humanos continúa en México. En lo
que va del sexenio de López Obrados van más de 20,000 desaparecidos, política
migratoria contraria a los derechos humanos; las agresiones que se han dado en estados como Quintana
Roo, Guanajuato, Jalisco o Tamaulipas, donde integrantes del Ejército, de la
Guardia Nacional y policías tanto estatales como municipales siguen utilizando
el uso de la fuerza letal. Continúa la impunidad porque las autoridades
(fiscalía general) no han esclarecidos los casos del incendio de la guardería
ABC, la matanza de Tlatlaya, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas
de Ayotzinapa, el espionaje de Pegasus, etc. López Obrador creaba el Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas (INPI). Muchos
consideran que en la actualidad la CNDH va en retroceso, recordemos la toma de las instalaciones por mujeres activistas y familiares de
víctimas de violencia es un reflejo más del muy limitado impacto tanto de éste
como de los organismos estatales de defensa de los derechos humanos.
Estableciendo rasgos fundamentales de las administraciones
presidenciales del Estado mexicano en los diferentes sexenios, a partir de los
cambios sustanciales internacionales que coadyuvaron a que se iniciaran avances
a lo interno del país, queremos realizar o plantear como se desarrolla la
relación Estado-sociedad-derecho en donde se garanticen los derechos humanos.
Queda claro que a pesar de los esfuerzos en política exterior y en el
ordenamiento jurídico interno, se hace necesarios que las personas físicas y
morales o jurídicas conozcan sus derechos para poder ejercitarlos cuando los
mismos sean violados por las autoridades y/o Estado. Son los Estados los que se
obligan o vinculan debido a ese derecho internacional (que hemos venido
platicando) de respetar, proteger y promover los derechos humanos, por lo que
los Estados no pueden interferir ni limitarlos. La sociedad es cambiante,
dinámica y debe estar informada y preparada, es decir, debe conocer los
instrumentos internacionales en los cuales se les garantizan derechos humanos
fundamentales para que los mismos sean garantizados y sostenidos en el tiempo.
Con base a ello, las autoridades, deberán informar y educar sobre los derechos
humanos, desarrollar valores y tomar las medidas pertinentes para defenderlos;
con el firme propósito de proteger la dignidad de todos los seres humanos y que
cada uno de nosotros podamos vivir en sociedad, relacionándonos con el Estado,
cumpliendo con nuestras obligaciones y que el Estado cumpla las suyas, en esa
relación sinérgica.
En este momento
debemos preguntarnos con base a lo señalado anteriormente: ¿Qué hace el Estado,
la sociedad (cada uno de nosotros) y el derecho para contribuir con esa
relación sinérgica y para seguir reconociéndole a nuestros pueblos originarios
y/o indígenas, sus derechos? a sabiendas que están los instrumentos que vinculan
al Estado mexicano, las diversas recomendaciones con las organizaciones
internacionales, la jurisprudencia de la Corte IDH y de la CNDH, incluso
manuales de buenas prácticas sobre derechos humanos.
El Estado debe
cumplir con su rol dentro de los aspectos de su política exterior y dentro de
la política nacional y local. Para ello debe diseñar y desarrollar las
políticas públicas (educativas, salud, bienestar social, desarrollo económico,
trabajo y /o la generación de proyectos de impacto en las áreas con el
beneplácito de las autoridades locales). En este contexto abordaremos el tema
referente a las comunidades indígenas en el Estado mexicano y vemos que durante
los sexenios que revisamos (su política en materia de derechos humanos), los
enfoques no fueron dirigidos hacia estos sectores con soluciones duraderas. No
obstante, los graves escollos estructurales del propio Estado mexicano aunado a
otros problemas (como el narcotráfico, el crimen organizado, etc.) han puesto
en una olla de presión a nuestras comunidades y pueblos indígenas.
El pueblo (del latín
populus) es un conjunto de
personas que se consideran de una sola entidad, es decir, de un mismo grupo
étnico o de una misma nación en una región o país, donde estas personas
constituyen una comunidad que comparten una cultura similar, pero también se
puede entender como el lugar físico sobre el cual se establecen y en donde no
existen privilegios de raza, sexualidad, religión, estatus económico o social. A
través de los instrumentos internacionales -que hemos estado conversando, en
materia de poblaciones indígenas[37]- las
reformas suscitadas en 2011 otorgan primacía a los Tratados
internacionales en materia de derechos humanos y a la Constitución de la
república. Así también en el artículo 1 constitucional, los derechos de los
pueblos y personas indígenas se fortalecen, a la vez que se establece el
derecho a la no discriminación por motivos de origen étnico o nacional, se
dispone que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
También el reconocimiento de las garantías para su protección.
En el artículo 2 constitucional de
2001 señala que en México existe una composición pluricultural que se sustenta
en sus pueblos indígenas, es decir los que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas; definiendo que son comunidades integrantes de un
pueblo indígena “aquellas que formen una unidad social, económica y cultural,
asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con
sus usos y costumbres”.
Tanto los instrumentos
internacionales (a través del desarrollo del derecho internacional de los
derechos humanos) como la propia Constitución, consagran los derechos fundamentales
los cuales han ampliado nuestra visión
en la protección y defensa de las poblaciones originarias, respetando los
principios básicos como la universalidad, la interdependencia, la progresividad
y la indivisibilidad de estos; a la vez que conociendo, esgrimiendo, internalizando
y reconociendo a nuestras poblaciones indígenas, para poder ir avanzando.
Existen dos vías
para la protección y defensa de los derechos humanos. La vía jurisdiccional y
la no jurisdiccional. En México la vía jurisdiccional las autoridades judiciales
ven y analizan las demandas que se presentan por presuntas violaciones a los
derechos fundamentales. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo
órgano que se encarga de dirimir en materia de derechos humanos, teniendo en
consideración que la Constitución mexicana establece tres medios de defensa: el
juicio de amparo[38],
las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. A
través de estos medios jurisdiccionales se protegen los derechos fundamentales.
El otro medio, el no jurisdiccional, es el que les brinda protección a los
derechos humanos a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y
por otra parte las Comisiones de Derechos Humanos de las 31 entidades
federativas y la del Distrito Federal.
El Sistema de
Protección No Jurisdiccional de México, es considerado el más grande del mundo,
formado por otras instituciones especializadas,
que se encargan de la protección de los derechos humanos, entre las que podemos
mencionar la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría Agraria, la
Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; que se encargan
de realizar la promoción, difusión y divulgación de la protección a los
derechos humanos, todos ellos por medio de la figura del Ombudsman, sin
que posean todas sus características, como la de autonomía; aunado con las 33
instancias (31 estados de la Federación, 1 Distrito Federal y la CNDH),
conforman la red de la cual venimos platicando. La CNDH como sujeto legitimado y como
parte de sus facultades, puede presentar controversias constitucionales ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación[39] y tiene competencia en
asuntos laborales debido a la introducción de la cláusula antidiscriminación;
sobre el acoso laboral mejor conocido como mobbing; de facultad investigadora
de violaciones graves a derechos humanos. Estas instancias -jurisdiccionales y
no jurisdiccionales- constituyen un apoyo muy
importante en la obligación de protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos que todo Estado constitucional tiene que garantizar.
Los Estados
Unidos Mexicanos tienen una
extensión territorial en la actualidad de 1,964,375 km2 de
los cuales 1,959,248 km2 son superficie continental y
5,127 km2 son superficie insular. A este territorio debe
añadirse la Zona Económica Exclusiva de mar territorial, que abarca 3,149,920
km2, por lo que la superficie total del país es de 5,114,295 km2.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el
último censo de 2020, la población total en México es de 126,014,024 habitantes[40], de los cuales 16,933,283
son indígenas que representan el 15% de la población total. Cuenta con 68
pueblos indígenas que habitan el territorio mexicano y cada uno de ellos habla
una lengua originaria propia que a su vez están organizadas en 11 familias
lingüísticas y se derivan 364 variantes dialectales. Los pueblos indígenas en
México son uno de los sectores que demanda mayor atención para su desarrollo
económico, político, social y cultural; también demanda trato digno y sin
discriminación. Nuestras comunidades originarias siguen siendo las más
vulnerables ante la desigualdad y la pobreza por ello urgen acciones y
políticas públicas holísticas que se enmarquen en las diversas recomendaciones
que se han realizado a través de las organizaciones y organismos
internacionales (plano internacional) y a nivel de la CNDH (plano nacional). Lo
cierto es que estas acciones deben ser asertivas y dentro de los enfoques de
derechos humanos, de género y dentro de los parámetros de la interculturalidad.
Entender el interculturalismo como la interacción entre grupos y personas que
pertenecen a culturas distinta, basadas en el respeto, en condiciones de igualdad,
aceptando que todos gocemos de dignidad, seamos valiosos y aceptando también
que el otro diferente, tiene derecho a su diversidad. Aceptando esto, estaremos
caminando por los senderos fortalecidos de las democracias, a través del pluralismo
y de esa manera poder seguir construyendo sociedades fuertes. La democracia
supone el respeto, la justicia, el combate contra la discriminación y el
racismo. Resulta imprescindible educar para la interculturalidad para crear más
conciencia y construir una verdadera democracia.
La vulnerabilidad de nuestros grupos
originarios la seguimos viendo cuando no se les toma en cuenta en las
decisiones del Estado que estarían violentando primero la convivencia en paz con
los diversos pueblos, cuando no respetamos sus modos de vidas, su cosmovisión y
lo que es aún peor no le reconocemos sus derechos a pesar de los ya tan
discutidos parámetros. En muchas ocasiones las intransigencias de los gobiernos
o el no entender la dinámica de comportamiento y vida de los pueblos indígenas,
crean crisis que nos han conducido por caminos escabrosos que ponen en dudas la
existencia de la justicia, el respeto a los derechos individuales y colectivos
y por ende de la democracia. Independiente de posiciones políticas, hoy existen
temas que vulneran los derechos de las referidas comunidades, con los megas
proyectos dentro de sus tierras que podría hacer explotar la olla de presión por
la imposición de políticas no consultadas con las comunidades y sus autoridades
representativas, que pueden generar en grave crisis de tierras o incluso en un conflicto
armado[41]. Estos megaproyectos no sólo desplazan a los pueblos indígenas, sino que
los despojan de su territorio y de sus recursos naturales, y casi nunca
resultan beneficiados por los referidos proyectos. Es que el reconocer
la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, representa respeto a sus
formas de vida.
En septiembre de 2015, en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)[42], se celebraba
la
Cumbre de Desarrollo Sostenible (del 25 al 27 de septiembre), en la sede de las
NU, 193 Estados miembros proclamaron la Agenda sobre Desarrollo Sostenible,
conocida como La Agenda 2030 (A2030) de desarrollo humano y desarrollo
sostenible y con la vocación de construir un modelo de desarrollo que garantice
el bienestar de las personas y la sostenibilidad del planeta. Se abordan temas
como el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, el cuidado del planeta,
entre otros, que las anteriores agendas, les dieron poco aprecio o que simplemente no
consideraron y será la guía de referencia y de trabajo para los próximos 15
años (2015-2030)
Con
el fin de cumplir con el Objetivo 16 que aborda los temas de paz,
justicia e instituciones fuertes, está encaminado a promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear instituciones sólidas, responsables e inclusivas a
todos los niveles con especial énfasis en la lucha contra la corrupción. La
agenda global estableció metas: 16.5 (Reducir considerablemente la corrupción y
el soborno en todas sus formas), 16.6 (Crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan cuentas), 16.8 (Ampliar y fortalecer la
participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza
mundial) y la 16.a (Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes,
incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia). En México, en el marco
de la Ley Nacional del Sistema Anticorrupción (18 de julio de 2016) y en lo
relativo a las comunidades indígenas, se estableció convenio de colaboración que contempla mecanismos y acciones
conjuntas en materia de capacitación a servidores públicos de los pueblos y
comunidades para fortalecer la contraloría social comunitaria, el combate a la
corrupción, la transparencia y rendición de cuentas, así como en los temas de
derechos de autor, autonomía, organización de talleres, seminarios y conferencias,
realización de acciones positivas en materia de derechos de los pueblos
indígenas y afro mexicano, en materia de servicios profesional de carrera y
seguridad social, entre muchos otros aspectos; ello en el marco del combate
contra la corrupción en todas sus formas porque en palabras de António
Guterrés, Secretario General de las Naciones Unidas, "Las personas tienen razón de estar enojadas. La
corrupción amenaza el bienestar de nuestras sociedades, el futuro de nuestros
hijos y la salud de nuestro planeta. Debe ser combatida por todos, para todos”.
La corrupción es actualmente una de las principales preocupaciones por
parte de la sociedad y de las autoridades dentro de todos los países.
Conclusiones
1.
Los cambios que se produjeron a partir de
la Segunda Guerra Mundial, durante y después de la Guerra Fría, imponen nuevos
escenarios en la sociedad internacional porque produjeron ruptura del estatus
quo (de la unipolaridad a la bipolaridad, luego a la multipolaridad, y a la
interdependencia).
2.
Como producto de los horrores de los
grandes conflictos mundiales y los cambios descritos en la conclusión anterior,
impulsaron el desarrollo, la protección, la promoción y defensa de los derechos
humanos a lo largo de la historiografía en los diversos escenarios: global (con
la creación del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos/ONU) y
los regionales (en el caso de América, el Sistema Interamericano de Protección
de los Derechos Humanos/OEA).
3.
En los sistemas de protección y defensa
de los derechos humanos (global y regionales), se desarrollarán y crearán
instrumentos e instituciones de promoción, defensa y protección de los derechos
humanos y que han sido suscrito por los Estados, generando vinculación y por
ende compromisos de cumplimiento (Convención de Viena sobre Tratados de 1959, pacta
sunt servanda).
4.
El desarrollo del derecho internacional
de los derechos humanos en conjunto con la política internacional y la política
exterior de los estados, se han adoptado a través de los ordenamientos
jurídicos internos de los Estados para su implementación y/o ejecución.
5.
En los instrumentos internacionales se va
a introducir el tema de los grupos y comunidades indígenas producto de la
indiferencia de años de gobiernos, en donde las violaciones a sus derechos y el
no reconocimiento de sus identidades han sido desastrosas para el desarrollo de
sus pueblos.
6.
En el caso preciso de México, abordamos
historiográficamente hablando, los sexenios en donde se empieza a considerar
con un poco más de apertura sobre los derechos humanos e inicios de la
protección de estos. Además de las crisis que se produjeron, las desapariciones
y las violaciones en diversas materias para luego abordar el tema de las
comunidades indígenas.
7.
En la revisión bibliografía realizada
para poder cumplir con esta asignación, analizando, eligiendo y seccionando
cada uno de los documentos, me quedaba la siguiente duda: si a otras
poblaciones (no indígenas) se les han violentando todos los derechos, empezando
por el mayor bien jurídico tutelado como es la vida, qué podemos esperar de las
comunidades apartadas por años, como lo son las indígenas en donde las
políticas públicas orientadas en enfoques (derechos humanos, género e
interculturalidad), no llegan en la mayoría de las ocasiones?
8.
Los compromisos del Estado mexicano son
muchos porque es signatario de muchos tratados y convenciones y porque toca que
ejerza y haga cumplir las leyes y reglamentos, que se haga justicia y que siga
luchando contra la impunidad porque son aristas importantes para que exista el
estado de derecho y por ende la democracia.
9.
En esa política internacional se
desarrolla el tema de los OSD, un compromiso (aunque no es obligatorio) forma
parte de ese soft power pero que genera mucha cooperación internacional en
diversas áreas para la implementación de estos y el logro de las metas
impuestas.
10. Es
un compromiso de todos los habitantes de México nunca dejar de reclamar los
derechos que consideremos vulnerados y ante la ineficiencia, el poco me importa
o simplemente la desidia de las autoridades, agotadas las vías en el país,
accionar a las instancias internacionales.
11. Las
políticas públicas que genere y quiera desarrollar el Estado, debe hacerlo
respetando la cosmovisión de las comunidades indígenas dentro de su derecho
particular y colectivo.
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[1] El régimen autoritario priista estaba
liderado para el año de 1968 por Gustavo Días Ordaz (1911-1979), estudió
derecho en la Universidad Autónoma de Puebla y su candidatura a presidente de
los Estados Unidos Mexicanos había sido apoyada por el Partido Popular
Socialista (PPS) y el Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) en mayo de 1964. Díaz Ordaz en su sexenio llevó a cabo una
política de desarrollo del Estado. En materia económica podemos mencionar que
el producto interno bruto mexicano (PIB) creció al 6,8%, ordenó la cancelación
de concesiones para la exploración petrolera, se estableció el área de mar
territorial en 12 millas náuticas, se creó el Instituto Mexicano del Petróleo.
En lo relativo a las obras de infraestructura, se construyeron la presa de la
Amistad en Coahuila, la Torre de Telecomunicaciones del Distrito Federal, la
infraestructura olímpica para la realización de las XIX Olimpiadas en México
(incluía: Villa Olímpica, el Palacio de Deportes, la Alberca Olímpica, el
Velódromo, la Sala de Armas, el Polígono de Tiro, el Canal de Remo y Canotaje,
el Muelle de Regatas, etc.); el Metro desde la Glorieta de Chapultepec hasta la
Calzada Ignacio Zaragoza (línea 1 del metro). En su administración, México se
adhirió al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pese a sus obras y la
estabilidad económica, su gobierno se caracterizó por la represión y la
censura: Censuró diarios, revistas y libros como fue el caso de Oscar Lewis con
su obra “Los hijos de Sánchez” que se refería a la marginación que se vivía en
México; represión del movimiento de médicos en noviembre de 1964 (médicos
residentes e internos del Hospital 20 de noviembre del ISSSTE reclamaron el
pago de aguinaldos atrasados y 206 de ellos fueron despedidos. En lo relativo a
movimientos estudiantiles, el 2 de octubre de 1966, los sucesos de Tlatelolco
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, una
protesta contra el alza del transporte público. En 1965 se produce el primer
ataque guerrillero en México, al cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua. Los
atacantes fueron ejecutados y los sobrevivientes formaron el movimiento
conocido como la Liga Comunista 23 de septiembre. En Guerrero los maestros
normalistas de Ayotzinapa: Genaro Vásquez y Lucio Cabañas, se levantaban en armas.
En este contexto iniciaba la guerra sucia.
[2] Panista:
que proviene de las filas del Partido Acción Nacional. Es un partido político mexicano de derecha, cristiano,
de doctrina política conservadora, afín a las ideas de la democracia cristiana.
Sus estatutos establecen que su posición ideológica es el humanismo cristiano.
[3] Vicente
Fox empresario y político mexicano que se desempeñó como
presidente de los Estados Unidos Mexicanos desde el 1 de diciembre de 2000
hasta el 30 de noviembre de 2006. Se convirtió en el primer presidente panista
luego de setenta años del predominio priista (Partido Revolucionario
Institucional).
[4] Felipe
Calderón presidente de los Estados
Unidos Mexicanos desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de
2012. Fue miembro del Partido Acción Nacional (PAN) durante treinta años antes
de abandonarlo en noviembre de 2018. Durante su sexenio el país estaba inmerso
en violencia generalizada por la lucha que implementó contra los carteles del
narcotráfico.
[5] Globalización es un proceso histórico, el resultado
de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente
integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del
comercio y los flujos financieros.
[6] Mary
Kaldor considera que las nuevas fuerzas políticas internacionales que empiezan
a competir con el Estado están relacionadas con “los movimientos sociales
globales, las ONG internacionales (ONGI), las redes de abogacía transnacionales
y las organizaciones de sociedad civil entre otras”
[7] Entiéndase
por política exterior como
el conjunto de decisiones, políticas y acciones que conforman una política
pública del Estado, cuyo objetivo es representar los intereses nacionales de
ese Estado frente a los otros Estados y demás sujetos de derecho internacional.
La política exterior siempre se relaciona y se define en función de las
políticas nacionales (intereses nacionales).
[8]
Resulta prudente mencionar, que, en la actualidad, en
América Latina, 15 Estados han incluido y mencionan en sus objetivos de
política exterior el tema concerniente a los derechos humanos y ello se puede
constatar en las páginas web de sus respectivas cancillerías. Estados como
Cuba, Nicaragua y Venezuela son los tres países latinoamericanos que no
incluyen a los derechos humanos como objetivo de sus políticas exteriores (CADAL, 2019) .
[9] El DIDH es
un derecho muy reciente que es una rama del Derecho Internacional Público
creado debido a las a las
atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial.
[10] Podemos mencionar
como ejemplo, los instrumentos universales en materia de derechos humanos, que
las Naciones Unidas los han reunido en el tema referente a los Derechos de los pueblos indígenas y de
las minorías, como son la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 y la Declaración sobre los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.
[11] Los pactos
deben cumplirse. Todo lo convenido verbalmente o por escrito una vez probado el
concierto de voluntades, debe cumplirse.
[12] La
Organización de las Naciones Unidas tiene un carácter global. Fue creada
mediante la Carta constitutiva en San Francisco, Estados Unidos de América en
1945, luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Tiene como
objetivos específicos preservar la paz y la seguridad internacional. Todos los
24 de octubre, se celebra su aniversario de creación. Está integrada por seis
órganos principales: la Asamblea General, el secretario general, el Consejo de
Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración
Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia.
[13] Corte
Penal Internacional (CPI) creada mediante el Estatuto de Roma de1998.
[14] Durante los
años 60 en México se gestaban transformaciones dinámicas. Desde un punto de
vista sociocultural, los jóvenes y las mujeres fueron los protagonistas de esas
transformaciones y enarbolaron las banderas en contra del autoritarismo y de la
violencia institucionalizada. En este escenario se produciría el movimiento de
1968, el cual fue un movimiento estudiantil de carácter social en donde
participaron estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), preparatorias y
vocacionales, profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales
tanto de la ciudad de México como del interior del país.
El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México
se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres
Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal
culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad,
perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo
de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales
que se realizaron durante este período, y por la planificación detallada y el
alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los
hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento quienes
exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue
cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en
contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar
de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz
Ordaz (1964-1970) aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para
los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas
investigaciones, medios y testimonios: Aquel día el ejército y el Batallón
Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la
“Operación Galeana” con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional
de Huelga (CNH), órgano de dirección colegiado, creado el 2 de agosto de 1968
por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la
UNAM, el IPN, El Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la
Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle (México), Escuela Normal de
Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y otras universidades
del interior de la república; los intentos de someter al CNH derivaron en la
sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses habían resistido y
cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado,
reclamando democracia
[15] En México, los granaderos
eran unidades de policía especializadas en tareas antidisturbios y otras
funciones de seguridad pública interior. Granaderos es el nombre que llevó el
agrupamiento desde su creación en 1939. Todavía en 2010, en el Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal, que entonces encabezaba Manuel Mondragón y Kalb,
aparecían en la estructura orgánica de la dependencia los agrupamientos de
Granaderos Oriente y Poniente, lo que ya no ocurre en la estructura hoy vigente
[16] En el año
de 1975 cuando en el seno de la ONU se generó la Declaración Contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en 1985 cuando surge
la Convención que la regula, cuestión que por sí misma explica la ausencia de
un tipo penal en materia de tortura en la época; no obstante, ello en los casos
investigados quedó acreditado que las personas detenidas fueron objeto de esa
práctica. La tortura como delito es de reciente tipificación en nuestro país,
ya que fue hasta el 27 de mayo de 1986 que se publicó la primera Ley Federal
para Prevenir y Sancionar la Tortura, la cual se rediseñó en 1991 e hizo
necesario que se elevara a nivel constitucional.
[17] Sexenio de Carlos Salinas de Gortari se extendió
desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el 30 de noviembre
de 1994. Durante este período, el 10 de junio de 1990, Canadá, Estados
Unidos y México acuerdan establecer un tratado de libre
comercio, el 5 de febrero de 1991 inician las negociaciones del TLCAN, por lo
que el Acuerdo Comercial fue firmado por el presidente estadounidense George H.
W. Bush y entró en vigor el 1 de enero de 1994.
[18] Cabe
destacar que el antecedente en México es la Dirección de Derechos Humanos que
había sido creada el 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación.
[19] El 28 de
enero de 1992 se publica en el Diario Oficial el Decreto de Reforma del
artículo 102 constitucional: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de los
Estados en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán organismos de
protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los
que conocerán de quejas en contra de actos y omisiones de naturaleza
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servicio público, con
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos
derechos. Formularán recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán
competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. El
organismo que establezca el Congreso de la Unión conocerá de las
inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos
y omisiones de los organismos equivalentes de los Estados.”
[20] El T-MEC es el nuevo acuerdo comercial
entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituye al Tratado de Libre
Comercio (TLCAN).
[21] El ingreso
de México a la OCDE se produjo el 18 de mayo de 1994 y se convirtió en el miembro número 25
de la organización. Cabe señalar que esta organización es un organismo de
cooperación internacional compuesto por 38 estados, cuyo objetivo es
coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961 y su
sede central se encuentra en el Château de la Muette en París. Su misión es promover
políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor
del mundo. México fue el primer país latinoamericano en formar parte de
esta importante organización (Otros Estados latinoamericanos que forman parte:
Chile 7 de mayo de 2010, Colombia 28 de abril de 2020 y Costa Rica 25 de mayo
de 2021)
[22] El sexenio
de Ernesto Zedillo se extendió desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000.
[23] El
conflicto chiapaneco fue el
conflicto armado entre el Gobierno de México y la guerrilla del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que se
disponía a celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (1° de enero de 1994), los insurgentes del EZLN tomaron por
las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas (San Cristóbal de las
Casa, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal). Insurgentes que provenías
de los pueblos tzeltal, tzotzil, chol y tojolabal, todos ellos de la familia
maya y demandaban trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación,
independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Como respuesta, el
gobierno federal envió al ejército a sofocar la rebelión. Los combates entre
ambas fuerzas duraron 11 días. Se establecieron las mesas de diálogo de
San Andrés Larráinzar, las cuales se mantuvieron durante el sexenio de Salinas
y continuaron con el de Ernesto Zedillo; sin embargo, los zapatistas rompieron
el diálogo debido a la propuesta de reformas constitucionales del gobierno
federal, que no respetaba comprometidos en los acuerdos de dichas mesas.
Zedillo respondió con una nueva ofensiva militar, se emitieron ordenes de
aprehensión contra los dirigentes del EZLN y el hostigamiento contra las
comunidades zapatistas. La sociedad mexicana, en apoyo a los zapatistas,
rechazó las acciones violentas y se manifestó inmediatamente a lo largo del
territorio nacional en marchas y movilizaciones exigiendo paz y diálogo,
también a nivel internacional se generó una intensa presión que se consolidó en
la formación de organizaciones de solidaridad con el movimiento zapatista
principalmente en América, y Europa, ocasionando que el gobierno mexicano diera
marcha atrás parcialmente en las agresiones. A la fecha desde el levantamiento
del EZLN muchas de sus demandas aún no han sido resueltas
[24] Desde 1993, se
comenzó a documentar los primeros homicidios de mujeres en Ciudad Juárez,
Chihuahua, hasta noviembre de 2009, cuando la Corte Interamericana de
Derechos Humanos condenó a México a reparar a las víctimas del caso "Campo
Algodonero", la realidad de las mujeres no mejoró sustancialmente
durante esos casi 16 años; incluso empeoró en la ciudad "más peligrosa del
mundo". Esto ocurrió durante los sexenios de los presidentes de la
República mexicana, Durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe
Calderón. Desde que comenzó la denominada "Guerra contra el
Narcotráfico", no sólo miembros del crimen organizado u otros
agentes privados son los perpetradores de los asesinatos, violaciones sexuales,
acosos y otras manifestaciones discriminatorias hacia las mujeres en Chihuahua,
sino también policías y miembros del Ejército mexicano
[25] Matanza de
Acteal: En
la mañana del 22 de diciembre de 1997, fueron masacradas 45 personas: 21
mujeres -cuatro de ellas embarazadas- 15 niñas y niños, y 9 hombres. Las
víctimas eran indígenas tzotziles pertenecientes a una organización pacifista
llamada Las Abejas. Al momento de la agresión, los perpetradores dispararon
contra una ermita en la que aquellas se encontraban rezando por la paz en
Chiapas.
[26] Masacre de
Aguas Blancas fue un crimen de
Estado ocurrido el 28 de junio de 1995 cometido por la policía del estado
mexicano de Guerrero en el vado de Aguas Blancas Estaban a tres kilómetros del poblado de Aguas
Blancas. En esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados; catorce heridos.
Dos elementos policiacos también resultaron lesionados, con heridas
corto-contundentes producidas por arma blanca.
[27] Sucedió el 7 de junio de 1998 en el
municipio de Ayutla, Guerrero, cuando en el poblado conocido como El Charco,
once personas murieron en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, así
como cinco resultaron heridos y veintidós detenidos. Entre los difuntos
estaba Ricardo Zavala, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y algunos guerrilleros del Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente (ERPI), presentes en la escuela estaban en una labor
de propaganda, algo común que realizaba el grupo en algunos municipios.
[28] Vicente
Fox Quesada presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 1 de diciembre de 2000 hasta el 30 de
noviembre de 2006.
[29] En el año 2002, al sancionar la “ley de transparencia”,
el Congreso mexicano dio un golpe potencialmente decisivo a la tradicional
cultura del secreto con la cual se manejaban los asuntos de estado.
[30] La administración Fox ha resultado insuficiente ha sido
sus iniciativas para abordar otro legado del viejo régimen: la habitual subordinación
del estado de derecho a prácticas que se perciben como indispensables para
mejorar la seguridad pública.
[31] Desde la
Revolución Cubana 1 de enero de 1959, las relaciones con los gobiernos priistas
fueron satisfactorias y en los diversos escenarios y foros internacionales,
eran la voz del régimen cubano. El cambio de política exterior que Fox le da al
Estado mexicano -en ocasiones al borde del rompimiento de las relaciones
diplomáticas- estuvo caracterizada por la promoción de la democracia y la
defensa de los derechos humanos.
[32] Entre los observadores se encontraron el Relator Especial
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la
Independencia de Jueces y Abogados (2001), el Comité de las Naciones Unidas
contra la Tortura (2001), la Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2002), dos personas expertas
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2003) y la
Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (2003).
Diferentes ONGs internacionales, entre ellas la Oficina en Washington para
Asuntos Latinoamericanos, Amnistía Internacional, y el Grupo de Trabajo de
América Latina.
[33] La
administración de Felipe Calderón se extendió desde el 1 de diciembre de 2006
hasta el 30 de noviembre de 2012. Surgido de las filas del Partido Acción
Nacional (PAN) que es un partido
político mexicano de derecha, cristiano, de doctrina política conservadora,
afín a las ideas de la democracia cristiana. Sus estatutos establecen que su
posición ideológica es el humanismo cristiano.
[34] El sexenio
de Enrique Peña Nieto se extendió de 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de
noviembre de 2018. Priista y ex gobernador del Estado de México. Su período ha
sido calificado por la Dra. Ivonne Acuña como
perdido, para el Estado y la sociedad mexicana, pero no para él y la élite que
representaba.
[35] Amnistía
Internacional señaló que el legado de Peña Nieto se
tradujo en cifras y hechos escalofriantes: más de 37 mil personas desaparecidas
– de estas cerca de 60% han desaparecido en los últimos seis años-, múltiples
casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad; y una
práctica de la tortura generalizada, que incluye la tortura sexual, como
mecanismo común en el sistema de justicia. Los últimos dos años han sido los
más violentos en la historia reciente, con una media mensual de más de dos mil
homicidios dolosos; los feminicidios son una epidemia en todo el territorio
nacional; el país se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para
personas defensoras de derechos humanos y periodistas; y la discriminación y desigualdad
siguen siendo flagelos que afectan a la mayoría de la población, con la
impunidad y la corrupción como la norma.
[36] Andrés
Manuel López Obrador: su sexenio se extiende desde el 1 de diciembre de 2018 y
culminará el 30 de noviembre de 2024. Llevado a la Presidencia de la República
por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Es un partido político de hombres y
mujeres que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro
país.
[37] Los
instrumentos internacionales que abordan la temática de los pueblos originarios
y comunidades indígenas son: el Convenio
Número 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, que fue ratificado por 27
países (creado en el escenario de la OIT, 1957); el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (1966), en su artículo 27 señala que en los
Estados en que existan minorías étnicas no se les negará a los miembros de las
mismas, el derecho a tener su propia vida cultural, a profesar su propia
religión y a emplear su propio idioma; la Declaración sobre los Derechos de las
Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y
Lingüísticas (1992), establece que los Estados protegerán la existencia y la
identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías
dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la
promoción de esa identidad, entre ellas disfrutar su propia cultura; profesar y
practicar su propia religión, y utilizar su propio idioma, en privado y en
público, libremente y sin injerencias ni discriminación de ningún tipo; El
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes (27 de junio de 1989), que buscó romper con los contenidos
asistencialistas e integracionistas del Convenio 107 comentado antes; el
Convenio 169 de la OIT fue ratificado por México en 1990 y entró en vigor el 5
de septiembre de 1991 (es un instrumento vinculante); la Declaración de
Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (2007), no constituye un documento
jurídicamente vinculante, pero con fuerza moral y marcan los parámetros mínimos
para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, dentro de ellos los
relativos a la libre determinación, a la cultura propia, a la educación y a la
organización, al desarrollo y al trabajo, a la propiedad de la tierra, al
acceso a los recursos naturales de los territorios en los que se asientan y a
un ambiente sano, a la no discriminación y a la consulta libre e informada
sobre temas que los afecten, entre otros.
[38] Juicio de
amparo en México: es un
procedimiento jurisdiccional de control judicial regulado por la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y es un medio de control de constitucionalidad,
convencionalidad, dignidad humana y derechos humanos, al tenor de la leyenda:
"El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u
omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos
señalados en la presente Ley.
[39] Por la
reforma a la Constitución al artículo 105, fracción 1 que facultó a los órganos
constitucionales autónomos para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, controversias constitucionales.
[40] México
ocupa el lugar #11 en población a nivel mundial.
[41] El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha manifestado en el
tema del megaproyecto: Tren Maya que tendría 1,525km de extensión y que se desarrollaría
en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Una inversión entre 120
-150 mil millones de pesos mexicanos; que morirían como guardianes de la tierra
antes de permitirlo.
[42] Las
Organización de las Naciones Unidas (ONU) está integrada por 6 órganos
principales: La Asamblea General, el Secretario General, el Consejo Económico y
Social (ECOSOC), el Consejo de Administración Fiduciaria, el Consejo de
Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. Dentro del ECOSOC funcionó
desde 1946 la Comisión de Derechos Humanos que sería reemplazada en el 2006 por
el Consejo de Derechos Humanos. En este consejo se lleva gran parte de la
cooperación que se genera a través de los diversos Organismos Internacionales
que forman parte del Sistema de las Naciones Unidas.
[43] Buscar una
definición a un desarrollo multidimensional es acercarse a la definición sobre
desarrollo sostenible contenida en el Informe Brundtland (1987), cuando señala
que consiste en “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus
propias necesidades”. El referido informe es un informe que enfrenta y
contrasta la postura de desarrollo económico junto con el de sustentabilidad
ambiental. Fue realizado por la ex primera ministra noruega: Harlem Brundtland
y el objetivo era analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo
económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se estaba
llevando a cabo a un costo medioambiental alto.
